«No podremos recortar mil millones más el año que viene»

Recién aprobados sus primeros presupuestos, le espera un año de reformas decisivas en fiscalidad, financiación y recortes en la 'administración paralela'. Por sus manos pasa la sangre, o sea el dinero, del Gobierno de Susana Díaz.

-¿Han sido unos presupuestos difíciles por los recortes o por los problemas con los socios de Gobierno?

-Han sido difíciles porque han sido más restrictivos después de cuatro años consecutivos de disminución y ya los departamentos habían eliminado lo prescindible. Cada vez que se aprieta un poco más las decisiones son más duras, incluso internamente, porque cada consejería ha hecho un esfuerzo de aplazar gastos y de priorizar las políticas.

-¿Y los socios?

-Yo diría que el debate ha sido tenso. No había dificultades sobre los elementos fundamentales, como la prioridad de las políticas públicas o no recortar derechos, pero sí en la distribución, en los matices, el debate sobre entes instrumentales o el conjunto de la distribución, aunque probablemente fuera se ha visto con más ruido. En las reuniones ha podido haber discrepancia, pero no malos modos ni incomodidad.

-El próximo presupuesto obliga a un ajuste mayor del déficit, al 0,7% ¿Cómo lo hará?

-Aún no se ha trasladado desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Supondrá unos 350 millones, según como termine el PIB, pero es un dinero muy importante, sobre todo porque se suma a muchos ejercicios de ajuste.

-La gran pregunta es ¿hasta cuándo se va a poder mantener el estado del bienestar?

-Creo que esto tiene un límite. El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a ajustes de 4.000 millones en las comunidades autónomas en 2014 y en 2015, porque pensaba que se obtendrían por vía de ingresos en un corto espacio, porque la economía se comportaría de forma muy ágil, cosa que dudo. Si ese ajuste hay que impactarlo en las cuentas, diría que es imposible. No se puede hacer un presupuesto realista ajustado a esas exigencias. O modificamos el sistema de financiación, con recursos adicionales o una reforma fiscal que permita más ingresos a las comunidades o no va a ser posible. El presupuesto de Andalucía no se puede recortar en mil millones de nuevo el año próximo.

-Parece que se va a superar el objetivo este año ¿Cuánto?

-No está la cifra final, que determina la Intervención General. Vamos a acabar en la línea, mejor que el año pasado y desde luego, mucho mejor que otras comunidades. Lo importante es mantener la tendencia y en ese esfuerzo debemos estar, cada vez más cerca del objetivo.

-Nuevas vías de ingresos. Hemos hablado mucho de nuevos impuestos. IU acaba de enumerar otro, ecológico. ¿De qué se trata?

- En el acuerdo del gobierno se contempla, pero ya hemos puesto algunos en marcha, el que grava radiactivos nucleares, que el Gobierno va a recuperar a advertencia de la UE, o el de las bolsas de plástico. Los más importantes están ya. Si hubiera otro daño al medio ambiente que los impuestos entendieran que es bueno corregir y gravar, habrá que estudiarlo, pero no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Lo que se busca no es tanto la recaudación sino corregir defectos.

-¿Se hará por fin la venta de patrimonio?

-En el informe que mandamos a Madrid trasladamos que vamos a adjudicar el lote, esta vez espero que sí y que sea en breve. Hemos puesto otros inmuebles a tasación, por si hubiera interés después de esa primera venta, porque parece que el mercado inmobiliario está empezando a despertarse. Lo tendremos preparado por si fuera importante de cara a la ejecución presupuestaria del año que viene.

-Depósitos bancarios: ¿qué compensación espera?

-El lunes tenemos una reunión de la comisión bilateral del Estado y la comunidad autónoma para verlo. Preveíamos una recaudación de 104 millones de euros, que sería la cantidad a compensar en el convenio con el Gobierno y que esperamos acordar en esa reunión. El Ministerio quiere recuperar el impuesto, con una horquilla variable y un tipo limitativo, de modo que si es inferior al que teníamos las comunidades que ya lo habíamos establecido, Canarias, Extremadura y nosotros, seríamos compensados.

-La nueva fiscalidad tendrá que esperar a los criterios nacionales. ¿Cuál es la posición andaluza?

-No se trata tanto de revisar todos los impuestos que están en la cesta, en progresividad o de autonomía, que es una aspiración que hemos manifestado. Sería bueno hacer aportaciones novedosas sobre actividades nocivas para la salud, con efectos sobre el medio ambiente, que puedan hipotecar el futuro y que pudieran ser sujetas a un gravamen disuasorio. Estamos empezando el recorrido y el Ministerio no ha anunciado calendario, aunque ha vinculado el debate de financiación al de reforma fiscal. La evaluación del modelo tenía que haberse hecho ya, en un mes debería estar para cerrar este año el modelo de financiación.

-Esta es una de las comunidades con mayor presión fiscal

-Sobre los tramos altos de renta, Hasta los 30.000 euros no es distinta, todo lo contrario. Ha habido en los últimos años una reforma progresiva que ha gravado más a los tramos altos.

-¿No cree que desincentiva la creación de empresas?

-No, porque no son impuestos sobre empresas sino sobre patrimonio o sucesiones. Es decir, inmuebles, tierras, fincas, herencias importantes, pero no son disuasorios sobre la inversión. Los impuestos en materia de empresas son exclusivos del Gobierno de España, que ha lanzado alguna propuesta de bajarlos, que tendrán que compensar con alguna actividad que dé más ingresos a las arcas públicas. No puede ser que al final de la reforma las comunidades tengan menos posibilidad de tener recursos.

- 2014 será el año del nuevo modelo de financiación autonómica. ¿Teme que Andalucía salga perjudicada?

-Andalucía no puede salir perjudicada, no puede consentirlo, porque somos una comunidad con un índice de paro altísimo, tenemos que conseguir más recursos e incentivos a la capacidad empresarial y no se me ocurre ningún supuesto en que tengamos resultado negativo, salvo que haya un empecinamiento del Gobierno de España de sacrificar comunidades de renta más baja frente a la presión no ya de Cataluña, sino de Madrid, que es en este momento es quien más presiona, una comunidad gobernada por el mismo partido que el Gobierno de España, que quiere mantener el status y beneficiarse de la centralidad, lo que perjudica al resto.

-¿Qué posición va a defender?

-Hay que evitar discutir entre menor y mayor nivel de renta. Creo que el éxito de la negociación pasa por que el centro del debate sea el ciudadano. Qué tenemos que hacer para que tenga sanidad pública, educación en igualdad de condiciones, atención a la dependencia, pensiones dignas. No hablamos de competencias solo. Si el debate sale fuera de las necesidades ciudadanas y cómo se garantizan y vamos a cuánto gana cada una y cuánto pierde, auguro que habrá gran tensión territorial en España que se va a sumar a la tensión independentista en Cataluña. Tenemos que ser responsables para que esa cuestión tan mal gestionada por el Gobierno de España no se pague a costa de otras. Andalucía es la principal veladora de que eso no ocurra.

-La presidenta se ha comprometido a una nueva revisión de la 'administración paralela', los entes instrumentales. ¿Para cuándo?

- No solo vamos a ver el número de empresas, que siempre se puede mejorar, sino a una reducción neta de la estructura. En esta ley de presupuestos se habilita a la Consejería de Hacienda para arbitrar un sistema para que los entes presenten un plan de viabilidad, de ajuste, en el mes de enero, lo que nos permitirá conocer más de cerca cómo están, qué actividad desarrolla, qué recursos humanos tiene, qué financiación y hacer un análisis detallado para mejorar en eficiencia. A ver cómo se repercute sin despidos y sin que se merme su actividad. En algunos se está ya empezando a trabajar, y hay ruido sindical por ello. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, lo haremos ordenadamente, pero hay algunos entes que hay que ver si en el futuro tienen perspectiva de crecer y si no tomar decisiones en ese entorno.

-¿Objetivos?

-Cada uno lo tiene perfectamente determinado en el presupuesto. Este año cada ente, fundación, entidad al que la Junta aporta más del 50% de su financiación están retratados con su plan.

-La presidenta acaba de decir que hay que «abrir en canal» la concertación social. ¿Eso cómo se hace?

-La concertación ha sido de enorme utilidad. Me da rabia que se confunda con otras situaciones no deseadas, como ahora con los temas derivados de UGT . La concertación era un pacto social para conciliar las áreas de actividad prioritaria, no perder puestos de trabajo, negociación colectiva, ese ha sido el debate. Algunos tienen la tentación de achacarle las tasas de desempleo de Andalucía. No es así. Por el contrario, ha contribuido a que aminore.

-¿Pero ahora es viable?

-No concibo que pueda haber estímulo a la actividad económica sin un gran pacto entre empresarios, sindicatos y gobierno de la Junta de Andalucía. No sería deseable. La presidenta lo que ha dicho es que los instrumentos hay que revisarlos, porque algunos han caducado. Se pone en cuestión los instrumentos, pero no el pacto, las premisas sobre las que la concertación se mantiene. Pero los vamos a abrir en canal en un tiempo distinto, para impulsar la economía. Este año debe estar preñado de dinamismo económico sobre el que generemos músculo para que cuando la recuperación esté ya más avanzada nuestra posición sea competitiva.