El juez Ruz envía a la policía a la sede del PP a por documentación de su obra de reforma

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió anoche a agentes de la Policía Judicial a la sede del PP para conseguir documentación sobre las obras de reforma que se realizó en el edificio de la calle Génova número 13, entre 2005 y 2011. Una remodelación que está siendo investigada por el instructor, ya que se pudo pagar en parte con dinero negro.

El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández Gallardo, y miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Judicial se han personado en la sede central del PP sobre las 20:15 horas para obtener facturas que fueron solicitadas por el juez en julio y que no se aportaron a la causa.

El magistrado, que investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' la supuesta contabilidad B de los populares, mandó el requerimiento a la policía tras comprobar que el PP remitió la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción facturas de la obra que el juez le había solicitado el 30 de julio y que no le había enviado.

El secretario judicial acudió a la sede de Génova 13 acompañado de varios funcionarios del juzgado y fue atendido por trabajadores del PP. Posteriormente, subieron a la planta sexta. La decisión de Ruz fue consultada con el fiscal anticorrupción del caso, Antonio Romeral, que propuso volver a pedir a la formación la documentación que no había remitido, aunque no el envío a la sede popular de los agentes de la UDEF.

De esta manera, el juez pretende, según las citadas fuentes, obtener indicios delictivos que apuntalen la imputación tanto del arquitecto de Unifica, Gonzalo Urquijo, al que se atribuye un delito de fraude fiscal, como del exgerente del PP Cristóbal Páez y de los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que considera cooperadores necesarios de este delito.

El requerimiento judicial fue el colofón a una jornada en la que un nuevo informe de la Policía remitido a Ruz estrecha el cerco sobre dos personas que tuvieron vinculación con la ejecución de las obras realizadas: el exjefe de seguridad del edificio de la calle Génova número 13 de Madrid, Antonio de la Fuente, cuñado del extesorero Luis Bárcenas, y de la encargada de ejecutar las obras y empleada de Unifica, Laura Montero. Ambos tenían que haber comparecido ayer como testigos en la Audiencia, pero en vista de las nuevos datos aportados por la Policía a partir de correos electrónicos personales el fiscal ha pedido al juez la suspensión de las declaraciones para que comparezcan como imputados.

Romeral considera que en los nuevos informes hay pruebas que incriminan a De la Fuente y Montero. De ahí la suspensión de las declaraciones acordada por el juez Ruz, a la que se han sumado las acusaciones populares de la causa sobre la supuesta contabilidad secreta del PP. Ahora el juez tendrá que decidir en un auto su imputación y fijar las fechas de las declaraciones para que vengan con abogado defensor.

Presupuesto ficticio

En el caso de De la Fuente, la Policía Judicial ha incorporado a la causa un correo en el que el cuñado de Bárcenas pidió al arquitecto Gonzalo Urquijo, dueño de Unifica e imputado por delitos fiscales, que le hiciera «un presupuesto ficticio» para pedir al banco una ampliación de su hipoteca. Mientras que las sospechas sobre Laura Montero se centran en su papel en la ejecución de las obras de Génova 13 y el conocimiento de las facturas y los pagos de las mismas.

Los investigadores sugieren que hubo descuadres contables en una factura de febrero de 2008. Se trata de la certificación final de la obra de una planta por 701.000 euros, mientras que 12 días antes esa misma factura era de 483.000 euros. «¿A qué se debe la diferencia?», preguntó el fiscal a uno de los testigos, Juan Rodríguez, contable de Unifica. «No lo sé, no se lo puedo contestar», declaró el empleado, según señalaron fuentes jurídicas presentes.

Rodríguez, que fue despedido el verano pasado por incumplimiento de sus funciones y desobediencia, añadió que siempre hacía lo que ordenaba Urquijo, con el que no tuvo contacto desde su despido hasta el pasado lunes, cuando le avisó de que iba a ser llamado a declarar. Según manifestó, los pagos por las obras nunca se produjeron con dinero negro o con efectivo, pero sí con transferencias y talones, tal y como defendió el PP en un escrito remitido la semana pasada al fiscal del caso.

El informe policial remitido al juez también ha abierto otras vías de investigación a raíz de los correos personales de los trabajadores de Unifica. En varios de ellos se pone de relieve las millonarios inversiones que hizo la empresa en 2007 y 2008, coincidiendo con los pagos de las obras de Génova 13.

En un correo de mayo de 2008, el contable de Unifica da la orden a un gestor de Banca March, con copia a Urquijo, para que coloque 3,5 millones a vencimiento de un mes al 4,3% de interés. En otra comunicación, Juan Rodríguez pide al mismo gestor en enero y marzo de 2008 que invierta en Londres a vencimientos cortos. Se trata de tres partidas de 650.000, 1.500.000 y 800.000 euros, en total 2,95 millones de euros.

La investigación de la remodelación de la sede de los populares parte de un auto del juez Ruz de noviembre en el que confirma la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad secreta de Bárcenas, con anotaciones halladas en el registro de Unifica.