El responsable del sindicato se queja de que no fue avisado y alega «indefensión»

Al llegar a la sede, avisado con urgencia, porque se encontraba en Córdoba, Manuel Ferrer, el actual dirigente de UGT-A, se quejó de que no había sido avisado del registro y dijo que la central se encuentra en situación de «indefensión». Después, Ferrer quiso dar imagen de tranquilidad y normalidad, aseguró que el registro se llevaba a cabo «con buen talante y buena colaboración de todos los trabajadores de UGT-A» e insistió en que están serenos, porque «ningún compañero, ni actual ni anterior, ha cometido ningún fraude ni se ha enriquecido».

Desde el confederal ugetista, el secretario de organización, Toni Ferrer, lamentó que sea más sencillo registra un sindicato que la sede de un partido político

Por su parte, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, expresó en los pasillos del Parlamento su «máximo respeto» por la actuación de la Guardia Civil.

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz insistió con más vehemencia en su petición de que el Gobierno andaluz se persone en la causa abierta en los tribunales contra UGT.

Sanz azuzó contra la presidenta de la Junta y se preguntó «qué tiene que ocultar» Susana Díaz «sobre dónde iba el dinero que la Junta de Andalucía le daba al sindicato». Es más, dudó «si UGT sabe cosas que la Junta cree que no debería contar, si el PSOE le debe muchos favores a UGT o si cuando el dinero se da a los amigos de la Junta y del PSOE los controles no funcionan o no existen».

San pidió que los dirigentes de UGT comparezcan en el Parlamento andaluz y aseguró que «Díaz está esperando a que pase la corrupción y no va a pasar, porque Díaz está rodeada por la corrupción en su partido».

Antonio Maíllo, coordinador general de IU, consideró la operación de la Guardia Civil una «ocupación» de la sede ugetista y se preguntó en un acto público si la Justicia no tiene «otros métodos» para pedir información al sindicato.