Alaya insiste en señalar a Chaves y Griñán como imputados en los ERE

Lejos de dar marcha atrás, la jueza que investiga los ERE fraudulentos insiste. Mercedes Alaya ha vuelto a señalar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán como imputados en el caso, pese a estar aforados por ser diputado el primero y senador el segundo. Alaya responde a la anulación que la Audiencia de Sevilla hizo de su auto del 10 de septiembre por considerar que no estaba suficientemente «motivado» atendiendo al recurso de la Fiscalía anticorrupción.

En un auto fechado este miércoles y conocido ayer, Alaya relata en 43 folios los «datos de mayor relevancia» por los que considera que ambos expresidentes y cinco exconsejeros también aforados por ser diputados -Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Manuel Recio- están inmersos en el procedimiento de los ERE fraudulentos. Añade además que lo hace «por imperativo legal», en clara alusión al auto de la Audiencia de Sevilla, emitido cinco días antes.

La magistrada no individualiza los hechos imputados uno a uno de los aforados, sino que hace un relato general. En resumen, Alaya cree que los siete aforados conocían que se utilizaba de forma inapropiada un sistema presupuestario para pagar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores de empresas en reestructuración, que acabó propiciando el fraude. Alaya considera que el método por el que se pagó las ayudas a las empresas y las prejubilaciones era ilegal.

Así, cree que tanto las transferencias de financiación como las encomiendas de gestión se utilizaban para agilizar las ayudas, pero también para escapar al control de la Intervención. En el acta de imputación al secretario general de la agencia Idea, Juan Francisco Sánchez, conocido el martes, Alaya sostiene que el fondo de los ERE (850 millones de euros desde 2000 a 2012 según la Intervención del Estado) era «uno de los instrumentos de la política económica» de los gobiernos socialistas «para repartir millones a empresas próximas al poder político o sindical».

En el relato de los razonamientos jurídicos para avalar su tesis, hilvana declaraciones de otros excargos imputados, como los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, y técnicos de la consejería de Hacienda, como el exinterventor Manuel Gómez, y varios informes técnicos, entre ellos el de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales encargado por el Parlamento. Entre las frases que recoge de la declaración de Fernández está la que sigue: «Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta».

Resquicio legal

Alaya no puede imputar a los aforados, algo que compete a órganos judiciales superiores a los suyos, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, pero utiliza un resquicio legal para señalarles como imputados al recurrir al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se puede comunicar a los aforados que están inmersos en investigaciones delictivas para que de esta forma puedan personarse si lo desean en la causa, con letrado y procurador, y no caer en la indefensión.

Siendo así, la jueza Alaya también se da tiempo para culminar la investigación de un caso con 133 imputados, una treintena de los cuales son excargos socialistas de la Junta. De otra forma, se vería obligada a elevar al Tribunal Supremo o el TSJA el sumario o parte de este si lo trocea, como le ha pedido reiteradamente la Fiscalía.

Alaya ya ha obtenido respuesta del Parlamento andaluz sobre la condición de aforados de cinco de los cargos mencionados, salvo Chaves y Viera, cuya comunicación depende del Congreso. Si bien, el nuevo auto hace pensar que retrasará aún un tiempo la posible elevación al Supremo de la petición de imputación de los aforados.

A la Cámara de Cuentas

Además, ayer se conoció otro auto, dictado el pasado lunes, por el que la jueza ordena a la Intervención General del Estado que analice la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a la partida 31.L, el llamado «fondo de reptiles».

Mercedes Alaya se basa en la alegacion presentada por el abogado del exdirector de Idea, Jacinto Cañete, imputado en la causa, quien aseguraba que la citada partida era bendecida «año tras año» por la Cámara de Cuentas y que en los 18 meses que permaneció en el cargo la Intervención no informó de ninguna irregularidad en la 31.L.