UPyD reclama al Supremo que anule el nombramiento del Poder Judicial

Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide la anulación de los nombramientos de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y de los 20 vocales del gobierno de los jueces, designados por el Congreso y el Senado en la última semana de noviembre.

El partido liderado por Rosa Díez considera que el «espurio» pacto al que llegaron PP, PSOE, IU, CiU y PNV para apoyar las 20 designaciones parlamentarias, 12 magistrados y ocho de juristas prestigiosos, no es más que «un calculado reparto partidista por cuotas» del Consejo para controlar este órgano, una distribución que viola la Constitución y supone «un peligro para la independencia de la Justicia». De igual manera, consideran que la elección del presidente también está contaminada porque, aunque lo eligieran los vocales, el nombre de Lesmes salió del pacto entre PP y PSOE.

UPyD considera además que el reparto del Poder Judicial pactado por los cinco partidos imposibilitó a su grupo parlamentario jugar un papel en la designación de vocales, por lo que también vulnerado su derecho a la participación política.

Batalla

El recurso asegura que no pone en duda la constitucionalidad del sistema de elección. Aunque UPyD es partidario de que los 12 vocales judiciales sean elegidos por la carrera sabe que el Constitucional no puso pegas al nombramiento parlamentario. Sin embargo, denuncian que la corte también dejó claro que no sería legal, por «frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional», que las Cortes «atiendan solo a la división de las fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos». Entienden que esa sentencia veta las cuotas porque las mayorías políticas no pueden controlar un órgano constituido para evitar que sea el Gobierno el que nombre o ascienda a jueces o el que controle la inspección de los tribunales o las sanciones a sus miembros.

La impugnación es el resultado del anuncio de Díaz de que su formación «va a dar la batalla hasta el final» contra «la politización de la Justicia» y contra un reparto de puestos que calificó de «obsceno y alevoso» que solo se explica por el deseo de controlar a los tribunales que deben juzgar los casos de corrupción política. Considera que este desembarco político en la judicatura «cierra el círculo de la impunidad» que se inicia con el aforamiento de los altos cargos, el control de la Fiscalía y la política de indultos.

Mariano Rajoy descartó la politización de la Justicia, acusó a Díez de «agredir» al 93% de los diputados que respaldó los nombramientos, y pidió hasta tres veces a la portavoz de UPyD que sea «más modesta» porque igual es ella la equivocada y no todo el resto de la cámara.