PP y CiU pactan multas de 1.000 euros solo si se duplica la tasa de alcohol

Conducir bajo los efectos del alcohol, además de estar tipificado como delito, puede acarrear multas de 1.000 si se llega a 1 gramo por litro de sangre, es decir, el doble de la tasa permitida. Esta novedad fue recogida a última hora en una enmienda presentada por CiU, momentos antes de que se aprobase ayer la reforma de la Ley de Seguridad Vial en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Ahora la norma pasará al Senado, que podría tenerla lista para su entrada en vigor en torno a la próxima Semana Santa.

Durante la sesión, el diputado de CiU Jordi Jani defendió fijar en 1.000 euros la multa por duplicar el alcohol permitido, frente a la propuesta del Gobierno, que recogía esa misma sanción solo por superar la alcoholemia permitida. Jané apuntó al interés «recaudatorio» de la medida, cuando no es lo mismo penalmente circular con unas décimas de alcohol por encima de lo permitido que hacerlo con el doble. Por su parte, la diputada socialista Helena Castellano se quedó sola al reclamar que se fijase la tasa 0,0 para los conductores profesionales y noveles e «instaurar el 'alcolock' -el sistema que impide poner en marcha un vehículo si se ha bebido-».

También serán multados con 1.000 euros los conductores que hayan dado positivo al alcohol, que circulen con la presencia de drogas en el organismo o que se nieguen a someterse a la prueba de detección de alcohol o drogas tras un accidente o una infracción.

Otras novedades

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Carlos Corcuera, calificó de «innecesaria» e «incompleta» una reforma de la Ley de Seguridad Vial que «sirve para dar cobertura jurídica a un Reglamento de Circulación» que ha sido anunciado por con anterioridad tanto por el ministro Jorge Fernández Díaz como por la directora general de Tráfico, María Seguí. El diputado socialista denunció que el proyecto de ley sale de la Cámara baja «sin consenso», un acuerdo que siempre ha estado presente en materia de seguridad vial en todas las normas aprobadas al respecto desde la llegada de la democracia.

Durante el debate los parlamentarios de la oposición elogiaron el talante dialogante de la portavoz del Grupo Popular Concepción Bravo, una disposición que no vieron en el Ministerio del Interior a la hora de consensuar la reforma. Así, el tema más candente, la obligación de que los menores de 16 años tengan que llevar casco en vías urbanas, fue aprobada con la mayoría de PP y el apoyo de CiU -los catalanes habrían preferido rebajarlos a 12 años-, aunque la ponencia encargada de estudiar esta obligación aún no ha emitido su informe.

El PSOE calificó la medida de «desproporcionada» y dijo que «podría llevar a situaciones no deseadas» en caso de que un menor se viera involucrado en un siniestro con un coche y no llevase el casco. Desde el Grupo de Izquierda Plural, Ricardo Sixto Iglesias apuntó que esta obligación fomentará que los jóvenes, en lugar de la bici, opten por el ciclomotor. Mientras, para el diputado de UPyD Toni Cantó, es una solución «cobarde» en un momento en el que ha de primarse la sostenibilidad. En su opinión, la política del Gobierno es la de «aumentar las multas y disminuir las inversiones en infraestructruras».

La norma también posibilita que, por vía reglamentaria, puedan incrementarse puntalmente los límites de velocidad en autovías y autopistas a 130 km/h, según el estado de la vía y la meteorología. Además de prohibir los detectores y los inhinbidores, el texto que sale del Congreso mantiene los mismos márgenes y criterios de los 120 km/h cuando la velocidad permitida sea de 130.