El PP desafía a Mas e impugna sus cuentas por la partida para la consulta

El PP catalán lanzó ayer un mensaje muy claro a Artur Mas, al que advirtió de que no le permitirá dar ningún paso hacia la consulta soberanista que pretende celebrar el 9 de noviembre de 2014. A la oferta de diálogo en torno al referéndum reclamada por el Gobierno catalán, los populares respondieron con contundencia e hicieron saber a Mas que no se moverán ni un milímetro en su defensa férrea de la Constitución y la unidad de España. Así, el PP consumó la amenaza y anunció la impugnación de las cuentas de la Generalitat al Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo dependiente del Ejecutivo catalán que actúa como una especie de tribunal constitucional en el ámbito autonómico.

El PP, que con su decisión impide que la Generalitat pueda aprobar sus cuentas esta semana, como pretendía, entiende que los presupuestos de Mas para 2014 incluyen apartados que «vulneran el Estatut o la Constitución». En concreto, los populares pedirán hoy al Consejo de Garantías que se pronuncie, entre otros puntos, sobre si la partida de cinco millones que las cuentas catalanas destinan a la organización de la consulta de autodeterminación es ilegal e inconstitucional. El PP cree incluso que podría suponer un delito de «malversación de fondos públicos».

En la práctica, supone que las cuentas catalanas, que iban a ser aprobadas mañana por CiU y Esquerra y que iban a entrar en vigor el 1 de enero, no puedan tener luz verde hasta dentro de un mes como mínimo y que la Generalitat tenga que prorrogar unas semanas más sus presupuestos.

Pero en el fondo, la decisión del PP, a la que también se sumó Ciutadans, que compite con los populares en ser la fuerza hegemónica del constitucionalismo en Cataluña, implica un desafío y un pulso a la deriva independentista de Mas. Fuentes de CiU y de Esquerra hablaron de medida «revanchista», que no busca otra cosa que contrarrestar el acuerdo que suscribieron el jueves pasado las fuerzas soberanistas sobre la fecha y la pregunta del referéndum. La Generalitat, muy molesta, calificó la decisión del PP de «obstruccionismo político» que solo generará más «tensión».

Represalias

El paso dado por el partido que lidera Alicia Sánchez-Camacho sorprendió en el Gobierno de Mas y entre los firmantes del acuerdo porque tanto Mariano Rajoy como la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, garantizaron que no habría medidas de represalia con el Ejecutivo catalán. El presidente del Gobierno afirmó que demostraría que «los españoles quieren a los catalanes». El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dio a entender ayer mismo que los puentes entre ambos gobiernos no han saltado por los aires a raíz del pacto sobre la fecha y la pregunta. Pero la iniciativa del PP puso en evidencia todo lo contrario.

El caso es que la decisión llegó el mismo día que la Generalitat afirmó que el inmovilismo que practica la Moncloa en torno a la consulta «no es sostenible en el tiempo» y el día en que el Gobierno catalán mostró su confianza en que a la larga se producirá un diálogo entre Mas y Rajoy en relación al referéndum. Homs, antes de conocer la impugnación, reconoció que todavía no se han acercado posiciones entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat, pero no descartó movimientos «en los próximos días».

En cualquier caso, la Generalitat se da un plazo de nueve meses para tratar de negociar una consulta pactada con el Gobierno central, la vía escocesa que ansían todos los partidos catalanes favorables al derecho a decidir y hasta la segunda quincena de septiembre no aprobará el decreto de convocatoria del referéndum.

Un decreto que no es difícil adivinar que acabará impugnado y recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy, como ya hizo el PP con la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán en la primera sesión plenaria de la legislatura.