Alaya cree que la Junta dio fondos a empresas «próximas al poder político y sindical»

La jueza Mercedes Alaya se explaya en detallar la acusación de la llamada «trama política» del sumario de los ERE fraudulentos, que gira en torno a las transferencias de financiación, y considera que se trata de «uno de los instrumentos de la política económica de la Junta», por el cual se repartieron «millones de euros» sin control entre «empresas próximas al poder político y sindical».

El escrito de imputación dictado ayer a Juan Francisco Sánchez García, exdirector de Administración y Finanzas y actual secretario general de IDEA, profundiza en la descripción del sistema de concesión de ayudas a través del IFA desde 2000 y durante una década.

La jueza indica que las desviaciones se produjeron a través de «múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder o a aquellas que eran introducidas dentro de la póliza de prejubilación de trabajadores de una empresa, sin haber pertenecido nunca a la misma, o contratada fraudulentamente poco antes de la aprobación del ERE para beneficiarse de la renta de prejubilación».

Atribuye a Juan Francisco Sánchez García un papel destacado el cambio del procedimiento a través de modificaciones presupuestarias, así como en los diversos pasos para consolidarlo, a sabiendas, dice, de los informes en contra de la Intervención. El uso arbitrario de estos fondos generó un déficit entre 2003 y 2005 de 225 millones.

Describe la jueza los diferentes cambios de tramitación y afirma que Sánchez, con el director general de Trabajo Juan Márquez, el gerente de IDEA Jacinto Cañete y el director de finanzas de la Agencia, Antonio Diz-Lois, acordaron medidas para dar continuidad a la adjudicación irregular de subvenciones, a partir de 2008, tras la llegada de Márquez y al «conocerse el descontrol que existía en la Dirección General de Trabajo».

Sánchez García se negó a declarar ante la magistrada, al igual que el exdirector general de IDEA, Jacinto Cañete. Ambos han sido imputados de tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. En el caso de Cañete, Alaya considera que contribuyó a «dar continuidad al sistema de concesión irregular de ayudas», siguiendo «las órdenes de Empleo».

La Fiscalía Anticorrupción pidió fianzas civiles de 10 y 8 millones, respectivamente.