UGT está dispuesta a dejar de impartir cursos de formación

UGT está dispuesta a dejar de impartir cursos de formación con el fin de evitar cualquier duda sobre su financiación, según indicó la secretaria de Formación del sindicato y presidenta del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Teresa Muñoz. En plena polémica por el escándalo de las facturas falsas en Andalucía, el sindicato reconoce el «daño» que estas informaciones causan a la organización.

A lo que no va a renunciar la central sindical es a participar en el diseño y gestión de los planes de formación dentro de la negociación colectiva. No obstante, Muñoz apoya que la formación sea impartida por «centros acreditados» en el marco de una «concurrencia competitiva».

El Ministerio de Empleo ha planteado a los sindicatos una reforma del modelo de formación de los trabajadores para limitar el doble papel de sindicatos y patronal, ya que participan tanto en la programación y planificación como en la impartición de la formación y en la percepción de fondos.

También los sindicatos UGTy CC OO quieren un cambio en el modelo. «Seguimos repartiendo recursos para formar en sectores donde sabemos que no se va a crear empleo», afirmó Teresa Muñoz, y reclamó además un «reconocimiento de la experiencia laboral que acabe en la concesión de un título o un certificado». «Queremos gestionar el sistema, no impartirlo», dijo la secretaria de Formación de UGT, quien abogó por utilizar los institutos públicos de formación profesional en los planes dirigidos a los trabajadores y otros centros homologados. En el caso de UGT, hay centros asociados con esas características como el IFES, según explicó Muñoz.

El sistema de formación para ocupados y parados se nutre de las cuotas que, para este fin, pagan empresas (0,6%) y trabajadores (0,1%) dentro de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por este cauce se recaudan más de 1.890 millones de euros, a los que se suman aportaciones del Fondo Social Europeo (FSE) y otros recursos de las administraciones públicas hasta alcanzar un presupuesto de 2.150 millones de euros. Un tercio se destina a bonificaciones empresariales, que se otorgan a las empresas que deciden recualificar a sus trabajadores para hacer más competitiva la compañía. Otro tercio se reparte entre las comunidades autónomas y cada una decide su gestión, siempre con carácter finalista, es decir, para formación de los trabajadores. Y el último tercio se destina a los planes estatales de formación, que se programan y diseñan a través de la Fundación Tripartita (donde participan los sindicatos, las patronales y el Estado).

A la impartición de planes de formación concurren los agentes sociales, que deben devolver el dinero si no cumplen los requisitos como el número de alumnos. Además, del presupuesto fijado para el curso, hay unos gastos asociados a la acción formativa (luz, agua, seguridad del edificio, etc) que se han establecido en el 10% si el curso es subcontratado y el 15% si lo imparten directamente. La secretaria de Formación de UGT destaca que, «en los planes estatales», el control se produce por distintas vías: el Servicio Público Estatal de Empleo, la inspección general administrativa, la propia inspección del sindicato y el Tribunal de Cuentas.