Zoido destituye a un cargo municipal tras ser imputado

La juez Mercedes Alaya ordenó ayer dos nuevas detenciones en el marco de la 'operación Madeja', una subtrama del caso Mercasevilla que investiga el pago de dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. El escándalo de corrupción, vinculado inicialmente a la supuesta financiación ilegal del PSOE, salpica ya a la actual corporación municipal (PP), que ha cesado al director general del área por su imputación en este caso.

Las detenciones y los registros llevados a cabo desde primera hora de la mañana en las empresas Fitonovo y Fiverde se han precipitado a causa de un error. La pasada semana, en el auto que prolongaba el secreto de sumario, la juez Alaya desveló que se habían intervenido las líneas telefónicas de una decena de funcionarios del departamento municipal y personal de las empresas, de ahí que la Guardia Civil haya tenido que agilizar los registros para evitar la destrucción de pruebas.

Los detenidos son el hijo del propietario de Fitonovo y un trabajador de la misma, aunque la operación sigue abierta. Además, se registraron los despachos del director de área de Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), su jefe de servicio, el adjunto de éste y el capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa. Nada más conocer la imputación de Peña, que ejerció como concejal en anteriores mandatos municipales, el alcalde Juan Ignacio Zoido le cesó de sus funciones.

La primera fase de esta 'operación Madeja' se desarrolló el pasado mes de julio, cuando fue detenido un exasesor municipal del PSOE, Enrique Castaño, su mujer, y los directivos de las dos empresas implicadas. Uno de ellos aseguró durante su declaración ante la juez que entregó varios móviles de alta gama y un sobre con 30.000 euros a Castaño, que le indicó que el dinero era para el PSOE.

Alaya imputa al exasesor municipal, en libertad desde agosto tras pagar una fianza, de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. El caso surgió a raíz de las investigaciones por las irregularidades en la enajenación de suelos de Mercasevilla, donde se descubrió el «sospechoso enriquecimiento» de Castaño, entonces director de Vía Pública.