Pendientes de que Alaya eleve la causa al Supremo

El informe de los interventores del Estado fue encargado hace dos años por la jueza Alaya y parte de sus conclusiones pone en el punto de mira a los consejeros de Hacienda de una década, sobre todo a Griñán, por no haber actuado, según su tesis, contra el sistema de ayudas después de recibir avisos de irregularidad. «No consta que el consejero de Economía y Hacienda haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades», dice. Griñán siempre aseguró que nunca fue avisado.

Con este informe que le dá la razón, el de la Cámara de Cuentas y los atestados de la Guardia Civil, Alaya ya cuenta con material para cerrar la rama política del sumario y elevar esta al Tribunal Supremo, dado que varios de los que investiga están aforados.

El informe se ha dado a conocer justo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla tumbase el auto del pasado 10 de septiembre en el que Alaya señalara a Chaves y Griñán en el procedimiento y les instaba a autoimputarse para defenderse. Pero Alaya ya pidió el pasado día 5 al Parlamento que se le notificara si Griñán, que es senador, y otros exconsejeros diputados están aforado. La Cámara andaluza ya ha respondido, por lo que todo hace prever que en los próximos días la magistrada elevará al alto tribunal una petición de imputación de los expresidentes.

El PSOE defendió ayer a Griñán con críticas a la jueza por solicitar a la Intervención del Estado un informe que pude llevarlo a cabo la Cámara de Cuentas. El PP pidió explicaciones a Susana Díaz, mientras que el coordinador de IU, Antonio Maíllo, señaló por primera vez posibles responsabilidades de Griñán.