Un informe de Hacienda advierte de que las ayudas a los ERE de la Junta podrían ser nulas

El informe que la jueza Mercedes Alaya encargó a la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la legalidad del procedimiento para conceder ayudas sociolaborales establecido por la Junta de Andalucía desde comienzos de la pasada década, no solo vierte duras críticas contra los responsables de Hacienda andaluces desde entonces -Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo -, sino que advierte de la posible nulidad de las ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) concedidas.

El informe, conocido esta semana, analiza tanto las ayudas para pagar las jubilaciones como las subvenciones a empresas para otros fines otorgadas mediante las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía desde 2000 a 2012, de lo que concluye que en los dos casos el procedimiento utilizado no es el adecuado legalmente, dando la razón a la jueza Alaya.

En el caso de las ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE), los interventores son muy críticos con la actuación de la administración autonómica. Hacen anotar primero cómo la Junta se hace cargo del pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos, cuando es algo responsabilidad de la empresa. Añaden además que la Junta tiene competencias para asistir socialmente a un trabajador, pero los peritos sostienen que esas subvenciones no eran sociales, sino laborales beneficiando a las empresas, lo que «pudiera vulnerar las competencias exclusivas del Estado», y pone en duda su constitucionalidad.

En su informe, los peritos refieren que el Gobierno central concede ayudas para la prejubilación en la reestructuración de empresas, algunas de las cuales son gestionadas a través de las comunidades autónomas. Andalucía recibió 14,6 millones de euros por este concepto desde 2001 a 2012. Ahora bien, estas indemnizaciones cuentan con unos requisitos: la administración aporta el 40% del coste y la empresa, el 60%; y están destinados a trabajadores de más de 60 años.

Nada que ver con los ERE andaluces de la Junta, que financia el cien por cien de los despidos a través de un procedimiento inadecuado según la normativa autonómica (las transferencias de financiación), lo hace a través de aseguradoras privadas, no limita la edad y la concesión la firma el director general de Trabajo, que, según la Intervención, no es competente para ello.

Por todo ello, los interventores concluyen que tanto si vulnera o no las competencias del Estado, los ERE andaluces prescinden «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la normativa del Estado y en la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho».

La Junta de Andalucía indemnizó con cargo a la famosa partida 31L de los presupuestos a más de 25.000 personas desde 2001, de las cuales unas 6.000 siguen percibiendo prejubilaciones. En su informe, los interventores señalan que entre 2000 y 2012 se concedieron 854,8 millones de euros en ayudas sociolaborales, de los que 154,6 fueron modificaciones presupuestarias. Hasta ahora lo investigado por Alaya se refería a los años 2001 a 2010 (721 millones de euros). Ambas cifras, no obstante, están alejadas de los 1.500 millones de euros que dice el PP.

El Gobierno socialista siempre ha defendido la legalidad del procedimiento en la concesión de los ERE, pero admite que un mal uso ha podido producir el fraude que investiga la jueza Alaya.