La gracia del indulto se extiende

La lista de condenados por corrupción que quieren aplazar a toda costa su inmediato ingreso en prisión crece y crece. La treta legal de solicitar la paralización de la ejecución de la pena mientras se tramita su indulto se ha vuelto moneda común para ganar tiempo. El proceso suele alargarse entre tres y diez meses hasta que el Gobierno, con los informes preceptivos, que no vinculantes, de los órganos judiciales, tome una decisión sobre el asunto.

No tiene que sorprender, por tanto, que personajes como el expresidente del Sevilla F. C. José María del Nido o el expresidente de Baleares y ex ministro de Aznar Jaume Matas, ambos condenados a siete años y nueves meses de cárcel, respectivamente, por delitos de corrupción, quieran comer en casa el turrón de Navidad y las uvas de Nochevieja.

O que el exalcalde del municipio alicantino de Torrevieja y diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, haya conseguido la pasada semana que el Tribunal Superior de Valencia, que le condenó a tres años de cárcel, aplazara su encarcelamiento mientras se resuelve su indulto, una petición rubricada por 45 compañeros de la bancada popular para enfado del presidente de la Generalitat Alberto Fabra.

Y también que el principal acusado del 'caso Ballena Blanca', el abogado Fernando del Valle, admitiera que se está «preparando» para ingresar en prisión después del varapalo de la Audiencia de Málaga, que desestimó el intento de aplazar la ejecución de su pena por la mayor operación contra el blanqueo de capitales del país, destapada en 2005 en Marbella. Del Valle fue condenado a cinco años y medio de cárcel por blanqueo y delito contra la Hacienda Pública. La sentencia fue confirmada por el Supremo. Pero la jugada del abogado para eludir la cárcel en tanto el Gobierno decide su petición del derecho de gracia no ha prosperado. Una celda de 12 metros cuadrados le aguarda por año nuevo.

Hasta el torero José Ortega Cano, condenado a dos años y medio de cárcel por los delitos de homicidio y contra la seguridad vial por conducir borracho, se plantea solicitar el perdón al Consejo de Ministros para eludir el centro penitenciario.

Estos casos ejemplifican el derecho de los condenados a ralentizar su entrada en la cárcel. Está recogido en el artículo 4.4 del Código Penal, que prevé que «si mediara la petición del indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva» la medida de gracia.

«Excepcionalidad»

Se trata de una «excepcionalidad del legislador», critican los jueces, que se aplica con bastantes matices ya que contraviene el cumplimiento de las sentencias como principio de un Estado de Derecho. Sin embargo, a los magistrados no les queda más remedio que cumplirla porque este derecho tiene su amparo en una ley del siglo XIX, la de Reglas para el Ejercicio de la Gracia del Indulto, que permite que políticos condenados, como el diputado del PP Hernández Mateo, no entren por ahora en prisión.

En el caso del exalcalde de Torrevieja, condenado a tres años por prevaricación y falsedad documental después de amañar el mayor contrato de basuras de Torrevieja, que rozó los cien millones de euros, el Tribunal Superior de Valencia valoró una serie de requisitos para aceptar la solicitud. Resolvió que tiene una pena de corta duración, tres años, cuando el Constitucional tiene un criterio general de cinco años como máximo para suspender la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto. En segundo lugar, que estuvo a disposición del tribunal y que su delito no fuera grave; y finalmente que haya satisfecho la multa y su situación no lesionara los derechos de terceros.

Con estos criterios, sobre todo el de los cinco años del Constitucional, Del Nido lo tiene bastante crudo. El expresidente del Sevilla fue condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación en el 'caso Minutas', al haber cobrado de forma ilegal 79 facturas profesionales al Ayuntamiento de Marbella por 2,86 millones. Del Nido está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia de Málaga, pero es muy probable que este órgano no acepte suspender su pena y el abogado escuche las campanadas de fin de año en prisión.

En el caso de Matas, en cambio, le podría salvar que fue castigado sólo con nueve meses de cárcel por tráfico de influencias en una pieza del 'caso Palma Arena'. Sin embargo, la Audiencia de Mallorca ha rechazado conmutarle la pena por multa y ha pedido su prisión, máxime cuando la pasada semana se le comunicó una segunda condena por cohecho impropio y por la que tendrá que pagar 9.000 euros de multa por la contratación ficticia de su mujer.

Con todo ello, la tramitación de estos indultos y otros menos mediáticos será una patata caliente para el Gobierno y la prueba del algodón para la sinceridad de sus medidas contra la corrupción.