Los seis pasos hacia la consulta

Tras el pacto alcanzado ayer entre los partidos soberanistas de Cataluña sobre la fecha y la pregunta de la consulta se inicia un recorrido de 11 meses en el que el Gobierno de Artur Mas tendrá que dar una serie de pasos legales y políticos que el de Mariano Rajoy se encargará de contrarrestar.

Visita al Congreso

El primer cometido que tienen las formaciones catalanas comienza hoy y continuará la semana que viene en el pleno del Parlamento autonómico para acordar la fórmula para llevar al Congreso la petición de la Generalitat de que el Gobierno central delegue la trasferencia de la competencia para celebrar referendos a través del artículo 150.2 de la Constitución. La fórmula elegida será una proposición de ley, así que la fecha para su debate en las Cortes dependerá de la mesa del Congreso, que podría dilatar o acelerar su respuesta o incluso no aceptarla.

Rechazo del Gobierno

El siguiente paso corresponderá darlo al Gobierno central. Haya o no debate en el Congreso de los Diputados sobre la petición del Gobierno catalán, tendrá sobre la mesa una petición del Parlamento catalán para que transfiera la competencia a la Generalitat para poder convocar la consulta soberanista. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por tanto, deberá dar una respuesta concreta, que ya ha dicho infinidad de veces que será negativa, pero que en esta ocasión tendrá que ser formal y que cerrará para la Generalitat la opción de celebrar el referéndum por la vía contemplada en la Constitución aprobada en 1978.

Ley de consultas

Cerradas definitivamente las puertas de una consulta a la escocesa, es decir pactada con el acuerdo del Ejecutivo central, la Generalitat activará su plan B. En este caso, acelerará la aprobación de la ley catalana de consultas no refrendarias. Esta ley desarrolla el artículo 122 del Estatut de Autonomía de Cataluña, que prevé la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de consultas populares, siempre que sean en el ámbito de su territorio. Claro que está por ver si preguntar sobre la independencia de Cataluña excede o no sus atribuciones. Lo más probable es que sí. La consulta no tendría carácter vinculante aunque Mas, eso sí, no podrá utilizar el censo electoral y necesitaría que Mariano Rajoy al menos tolerara esta cita. También imposible.

Recurso al Tribunal Constitucional

El Gobierno tendría en su mano una vez más la posibilidad de que se celebre o no el referéndum. Mas pide que se le «tolere» esta opción, pero el PP y el Ejecutivo ya han anunciado que impugnarán esta ley, que con toda seguridad será tumbada por el Tribunal Constitucional dado que la pregunta alude a la independencia y pretende decidir sobre la unidad de España, un asunto que, según la Carta Magna, compete a todos los españoles y no solo a los de una parte de su territorio.

Consulta ilegal

Sin el referéndum pactado ni el tolerado, Mas se encontraría en las vísperas de la consulta sin un amparo legal para convocarla. Llegado el caso, el dilema que se le planteará al presidente de la Generalitat será muy grande. O tira por la calle del medio y convoca un referéndum aun sabiendo que es ilegal, por lo que estaría cometiendo un delito y abriría la puerta a que el Gobierno invoque el artículo 155 de la Constitución que prevé la intervención de la autonomía, o se aparta del liderazgo del proceso soberanista y cede la organización a entidades privadas, como las plataformas independentistas. Mas, que siempre ha dicho que quiere una consulta legal, tendría incluso una tercera alternativa, la de implicar a los ayuntamientos, que convocarían las consultas en su ámbito municipal. De hecho, medio millar de ayuntamientos siguieron el ejemplo de Arenys de Munt entre 2009 y 2012 y celebraron sus referendos sobre la independencia sin problemas. Esta posibilidad, en cualquier caso, contaría con menor reconocimiento internacional, su legimitidad sería discutible y su relevancia política sería también mucho menor.

Elecciones plebiscitarias.

Situados en este punto, Mas tendría dos últimas opciones: o bien renuncia a su objetivo de preguntar a los catalanes sobre su futuro o bien hacerlo a través de unas elecciones plebiscitarias, en las que cada uno de los partidos tomaría como programa su posición respecto a las preguntas de la consulta. Es el último paso que tendría que dar Mas y quizá el único que le quede como posible, ya que las puertas legales se le irán cerrando una a una a lo largo de este año.