Gallardón defiende la prisión permanente para evitar excarcelaciones como las de Parot

El primer debate en el Congreso sobre la reforma del Código Penal que promueve el Gobierno acabó convertido ayer en una discusión monográfica sobre la novedad más sobresaliente del proyecto, la prisión permanente revisable, que para la oposición es una medida inaceptable e inconstitucional, pues solo ve en la fórmula un subterfugio terminológico tras el que se oculta la cadena perpetua. Solo UPyD está dispuesto a aceptarla si se modulan los términos actuales.

El ministro de Justicia tuvo que subir a la tribuna hasta en tres ocasiones para rechazar las duras críticas que le llovieron desde todo el arco parlamentario, del Grupo Mixto a PNV y CiU, pasando por IU y PSOE, que reclamaron una devolución inmediata del proyecto al Gobierno, algo que no se produjo gracias a que las seis enmiendas a la totalidad fueron derrotadas por la mayoría absoluta del PP.

Alberto Ruiz-Gallardón dejó claro que sacará la reforma adelante, aunque tenga que hacerlo en solitario, porque está convencido de su bondad y es una promesa electoral. No obstante, también aseguró que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar esta gravosa condena, destinada a los crímenes más repugnantes, para que las generaciones futuras no tengan que reprocharles que se actuó tarde, como con los beneficiados por el reciente fallo de Estrasburgo, y vuelvan a contemplar excarcelaciones tempranas de terroristas, asesinos múltiples y violadores reincidentes.

El titular de Justicia exhibió los informes del Consejo de Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial para rechazar que se trate de una fórmula inconstitucional y tampoco permitió que se dude de su carácter democrático porque dijo existen figuras similares en países como Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia.

La prisión permanente está prevista en el proyecto que ahora comenzará la fase de enmiendas para los homicidios terroristas, de jefes de Estado, de menores de 16 años, para los crímenes de lesa humanidad, y para los asesinatos múltiples, los que suceden a agresiones sexuales, y los ejecutados por bandas. Supone cumplir del tirón un mínimo de entre 25 y 35 años de cárcel, según las penas, momento a partir del cual el juez comprobará si el reo está o no en condiciones de reinsertarse. En caso positivo, abandonará la cárcel con estrictas limitaciones de libertad condicional y vigilada durante años. Si se teme que pueda reincidir o que no hay arrepentimiento seguirá en prisión de manera indefinida, pero con nuevas revisiones de la situación cada varios años.

De hecho, la libertad vigilada, la otra principal polémica del proyecto es, en algunos casos, una fórmula complementaria. Prevé periodos de control de entre tres y cinco años, prorrogables en casos excepcionales, de los excarcelados con pronostico de reincidencia. En 2010 se creó solo para controlar a la salida de prisión a los violadores múltiples, pero la reforma en curso extiende la medida a cualquier delincuente con pena superior a un año del que se sospeche que puede reincidir.

Sin justificación

Ruiz-Gallardón no logró convencer a uno solo de los portavoces de la oposición, que protagonizaron una poco habitual unanimidad entre formaciones que transitan de la extrema izquierda a la derecha. Tal fue el grado de acuerdo que el portavoz socialista, Julio Villarrubia, alertó al ministro de que, como ya se anunció con la reforma educativa, «podrá aprobar su Código Penal en contra de todos, pero durará lo que dure su Gobierno porque esta indecencia será derogada».

Todos los grupos coincidieron en que están ante un cambio «unilateral» del Código Penal, que calificaron como el más «autoritario», «represivo», «retrógrado» y «cruel» de la democracia, y que varios grupos compararon con la mano dura penal del franquismo.

También sin disidencias, denuncian un gratuito endurecimiento de las penas que no tiene justificación alguna porque España es un país seguro y con un código ya muy punitivo que está por debajo de la tasa media de comisión de delitos europea y, en cambio, muy por encima de la cifra media de reclusos por cada mil habitantes de la UE.

La oposición está convencida de que el PP solo busca con las condenas permanentes una política penal «populista» y «de la venganza» que cree que le aportará beneficios electorales y le reconciliará con el ala más derechista de su partido.