Condena histórica a los etarras que volaron la casa-cuartel de Burgos con 118 personas dentro

Fue uno de los últimos y más devastadores atentados de ETA, el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos durante la madrugada del 29 de julio de 2009, aunque no hubo víctimas mortales. Pese a ello, los autores de aquel brutal ataque con una furgoneta-bomba que llevaba la friolera de 700 kilos de explosivos pagarán como nunca antes lo había hecho otro etarra.

La Audiencia Nacional condenó ayer a los miembros del 'comando Otazua', Daniel Pastor Alonso, Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero, a 3.860 años de prisión a cada uno por 160 intentos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. Pese a la abultada pena cumplirán 40 años íntegros de cárcel, como marca el Código Penal reformado en 2003, y deberán indemnizar a las víctimas con 10.789.080 euros.

La virulencia del atentado quedó reflejada en dos datos: sólo en el cuartel de Burgos reventado por la metralla del amonal pernoctaban aquella noche de verano 118 personas, entre ellas 41 niños, y los 42 heridos restantes vivían en los edificios colindantes que padecieron los efectos de la onda expansiva.

La misma onda que esparció restos de la furgoneta-bomba y de otros vehículos aparcados en 200 metros a la redonda y que dejó un cráter de 1,8 metros de profundidad y 16 de diámetro. Un socavón solo equiparable a los daños que provocó en la casa-cuartel, un edifico que quedó derruido «por arriba y por abajo», según dijeron varios peritos en el juicio celebrado en noviembre.

Los jueces Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María Angeles Barreiro consideran en su sentencia que los tres cometieron el atentado siguiendo órdenes del entonces jefe militar de la banda, Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata', y con la intención de atentar mortalmente contra el mayor número de personas.

Una 'Vito' blanca

En su plan los etarras se desplazaron a la capital burgalesa para recopilar datos sobre la casa-cuartel, situada en la avenida de Cantabria. Así, localizaron el mejor lugar para instalar la furgoneta y tomaron los datos de matrículas de vehículos que solían aparcar en las inmediaciones, que fueron dobladas en Francia.

'Ata' facilitó al comando una Mercedes Vito verde que había sido sustraída en abril de 2009 en la localidad francesa de Pevrat Le Chateau y, tras pintarla de blanco y hacerla pasar por la de un vecino de Burgos, la aparcaron en la parte trasera de la casa-cuartel. La furgoneta explotó a las 4:00 de la madrugada y causó daños valorados en más de 15 millones de euros.

También se vieron afectados una comisaría de Policía Local, una sede de Tráfico y de Bomberos, que tuvieron que realizar reparaciones por 263.133 euros. Así como el Hospital Divino Vallés y el General Yagüe, que sufrieron daños por 39.074 euros. El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado remitido a 'Gara' el 9 de agosto.