Montoro ofrece a la oposición pactar el futuro estatuto de la Agencia Tributaria

El Gobierno sostiene que no hay una crisis en la Agencia Tributaria (AEAT), pero sus propias actuaciones desmienten su tesis de que la catarata de relevos, ceses y dimisiones que sacude a la institución -y que empezó a raíz de la filtración de datos del expediente de Cemex que apuntaban al supuesto perdón de una multa millonaria a la multinacional- son fruto de un proceso normal de renovación de equipos. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció implícitamente que algo malo sucede en el seno de este organismo al ofrecer a los partidos de la oposición un pacto para diseñar conjuntamente un estatuto de la AEAT, que regule el modo en que se producen los nombramientos y que refuerce los mecanismos de control para evitar filtraciones de expedientes de contribuyentes concretos.

Montoro buscaría así cerrar una polémica que ha desgastado la imagen de la AEAT, cuya imparcialidad se ha visto cuestionada públicamente en las últimas semanas. El ministro ha negado cualquier injerencia política en su trabajo o persecución por motivos ideológicos entre la plantilla. «No lo consentiría y cualquier funcionario de la Agencia Tributaria que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarlo», resaltó. El PSOE, sin embargo, considera que lo ocurrido es de «extrema gravedad» y pide la dimisión del ministro.

La propuesta del responsable de Hacienda de redactar un estatuto para el personal de la AEAT (una tarea que está pendiente desde su creación en 1990) incluiría una regulación concisa acerca de «cómo se hacen los nombramientos; de cómo se ocupan los cargos y en función de qué méritos».

El texto, que Montoro ha ofrecido elaborar en el marco de la reforma global del sistema tributario a diseñar en 2014, serviría para estrechar el control sobre los procesos de información, de forma que no volvieran a producirse filtraciones de expedientes sobre contribuyentes concretos que, a su juicio, ni son «admisibles» ni «tolerables» y que hasta ahora «nunca» antes se habían producido. Su diseño, explicó, se haría «por la tranquilidad y confianza de todos, y con la responsabilidad de todos» los grupos.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) receló de las intenciones del ministro. El estatuto que proponen, señaló en un comunicado, plantea el «peligro» de abocar a la AEAT a una situación en que acabe sirviendo fines corporativos. «Tan peligroso es el riesgo de utilización partidista de la AEAT por parte del Gobierno como el de que pudiera ser utilizada por parte de un determinado colectivo de tecnócratas para fines corporativos», advirtió esta asociación, que cree que el Ejecutivo no debe renunciar a sus poderes sobre ningún organismo y «crear una isla administrativa fuera de su control».

Filtraciones

Montoro garantizó que mientras ocupe el sillón de ministro de Hacienda no habrá más filtraciones. Lo hizo durante una interpelación en el pleno del Congreso del diputado socialista Pedro Saura. El ministro llegó a lamentar implícitamente que la actual legislación, en concreto el artículo 95 de la ley general tributaria, impida revelar datos fiscales a quienes los conocen por razón de sus responsabilidades. En ese sentido, insistió en que proyecta cambiar ese artículo, también en el marco de la reforma fiscal, para que «los españoles conozcan las condiciones de muchos contribuyentes, por ejemplo la morosidad» con la administración.

Montoro enlazó ese argumento con la publicación de informaciones «falsas» en relación con la Agencia Tributaria y con el expediente de Cemex y se preguntó sobre si son fruto de «alguna forma de presión» de «determinados medios que por cierto tienen bastantes problemas económicos». «Lo sé porque vienen a mi despacho a contármelos», dijo. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, reaccionó a esas afirmaciones con la petición de dimisión del ministro.

En relación con los ceses, Montoro insistió en que «nunca» afirmó que su origen fuera ideológico. En relación con ese asunto, el PSOE señaló que la purga «ideológica» ya se habría realizado hace dos años, tras llegar al poder del PP y que ahora se está produciendo una limpieza por motivos profesionales. En ese sentido, la secretaria de Economía y Empleo de los socialistas, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, aseguró que ocurrido es «de extrema gravedad» y se quejó de que se cese a inspectores de la AEAT porque «por su independencia y profesionalidad no están dispuestos a aceptar consignas en ningún sentido». «Nosotros actuaremos en consecuencia y estudiaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para exigir el conocimiento real de todo lo que está ocurriendo», apuntó.