La crisis tiene parados 50.000 millones en proyectos públicos de infraestructuras

La crisis mantiene paralizados 50.000 millones de euros en proyectos de infraestructuras dentro de España, en torno a un 5% del Producto Interior Bruto (PIB), que a su vez podrían generar un retorno para las arcas públicas cercano a los 32.000 millones (el 62% de su coste neto) en forma de incremento de la recaudación fiscal. Así lo denunciaron ayer los responsables del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en un informe en el que piden a las administraciones que reactiven buena parte de los mismos en el menor tiempo posible, de cara a habilitar las partidas presupuestarias necesarias en 2014.

Dentro de esos proyectos que se «guardaron en el cajón», o bien su tramitación prácticamente se ha detenido, destacan los 28.000 millones -más de la mitad del montante que se encuentra parado en la práctica- que corresponden a obras hidráulicas o vinculadas al saneamiento del agua. Precisamente es en este ámbito donde más opciones de reactivación a corto plazo se observan.

El motivo es que la Comisión Europea viene reiterando sus llamamientos a España para que mejore la calidad del agua destinada al consumo humano, incluyendo su tratamiento y depuración una vez usada. Ello ha motivado este año un fuerte incremento en las inversiones destinadas a ese fin por el Estado: 776,3 millones en 2013... -impulsados, sobre todo, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- y sumando, pues el déficit en esa materia reconocido por el Gobierno asciende a 19.000 millones, según la Confederación Nacional de la Construcción.

A ello se une, según el sector, otro «problema» para ellos: el agua que se consume en España es claramente barata. Un informe también presentado ayer por la Asociación Española de Abastecimentos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) sitúa su precio medio (para usos domésticos) en 1,59 euros por metro cúbico, si bien existen claras diferencias regionales: la horquilla va desde los 0,95 euros que cuesta en Castilla y León o los 1,13 euros de Galicia hasta los 2,31 euros que vale en Murcia y los 2,15 euros de Cataluña, es decir, casi el doble en algunos casos.

La queja de ambas asociaciones no se refiere ya a un precio que consideran, en general, bajo -de media, cada ciudadano utiliza 122 litros de agua diarios por los que paga «solamente» 0,22 euros-, sino al hecho de que algunas administraciones públicas -fundamentalmente autonómicas- traten de hacer negocio con estos servicios. En concreto, las acusan de crear nuevas figuras tributarias que, si bien en teoría deberían servir para sufragar los costes de saneamiento, en la práctica se están desviando para «compensar desequilibrios presupuestarios».

Un millón de empleos

Amén del agua, la paralización de proyectos de infraestructuras también afecta a las carreteras (10.000 millones de euros) y el ferrocarril (20.000 millones), junto a otros equipamientos sociales. El colegio de ingenieros estima que reactivándolas todas se podrían generar hasta un millón de nuevos puestos de trabajo en un plazo de tres años.

Y es que aunque la inversión real de España superó la mitad de su PIB (580.000 millones) en 2012, aún está por debajo de Italia (640.000 millones), Alemania (750.000) y Francia (1,1 billones). La solución, según ellos, es variada: desde establecer nuevos peajes hasta recabar la colaboración de fondos privados.