La Junta revisa otras cuatro ayudas a UGT-A

Avanza el proceso de revisión de las ayudas concedidas por la Junta a UGT-Andalucía, aunque es fácil perderse en el proceloso trámite administrativo para recuperar las cantidades indebidamente cobradas o justificadas con facturas falsas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, compareció ayer en el Parlamento para dar cuenta del estado de la investigación y dijo que sobre los 17 expedientes que estaban bajo la lupa del funcionario, por un importe total de 7,5 millones de euros. El consejero anunció que se han advertido irregularidades en cuatro, sobre los que se ha iniciado «procedimiento de revisión de oficio».

De otros cinco expedientes ya ha concluido el estudio, dijo. Dos de ellos son los que ya se ha pedido la nulidad, por importe de 1,8 millones de euros. Respecto a los otros tres, se encuentran aún a falta de algunos trámites antes de pasar al gabinete jurídico.

Tampoco ofreció el consejero más cifras respecto al importe de estos nuevos expedientes sometidos a revisión ni a qué tipo de líneas de ayudas pertenecen.

Riesgos Laborales y SAE

Respecto a los siete expedientes restantes, dijo que se encuentran en fase de información previa y que sobre uno de ellos UGT ha renunciado a la subvención. Se trata de líneas de ayudas vinculadas al desarrollo de actividades divulgativas y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales y pertenecen a las direcciones generales de Salud Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, el consejero detalló que entre los casos que se auditan hay cuatro del Servicio Andaluz de Empleo, dentro de las competencias que ahora recaen en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo. Se encuentran en la fase previa y el funcionario instructor, agregó, está elaborando sus propuestas.

Los expedientes serán remitidos al gabinete jurídico, que decide si procede su nulidad, y enviados después al Consejo Consultivo, que los analiza para dictaminar si procede reintegrar las cantidades percibidas, tras un nuevo trámite de audiencia a UGT-Andalucía. El gabinete jurídico de la Junta decidirá en última instancia si procede emprender acciones legales contra el sindicato, en el caso de que se aprecie delito, según ha declarado el portavoz del Gobierno andaluz.

La Junta está revisando estos 17 expedientes de subvenciones concedidas entre 2009 y 2010 por las sospechas acerca de que los fondos fueron desviados para usos indebidos, como pagar comidas en la feria de Sevilla o maletines falsificados en Asia, y que se justificaron con facturas falsas. Aunque la central ha alegado «errores» o diferencias contables, el escándalo ha puesto al sindicato contra las cuerdas y ha llevado a la dimisión de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, y la convocatoria de un comité extraordinario para el 9 de enero, en el que se elegirá una nueva dirección o, si continúan las dimisiones, se creará una gestora que deberá convocar un congreso.

En la tribuna parlamentaria, Sánchez Maldonado defendió la «máxima transparencia y del cumplimiento estricto de la ley» con que ha actuado la Junta e insistió, como ha hecho la presidencia de la Junta que se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para conseguir recuperar el dinero que haya sido usado de manera «inadecuada, incorrecta o fuera de la ley».

Responsabilidad de Díaz

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, insistió en reclamar el acceso a los 17 expedientes instruidos, a lo que Sánchez Maldonado contestó, en su turno de réplica, que los tendrá cuando haya concluido la investigación.

Rojas señaló a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para decir que tiene la responsabilidad «total» sobre el fraude de las ayudas de UGT «si no investiga y da cuenta» de lo ocurrido. La responsabilidad política en el caso de UGT tiene «nombres y apellidos y se llama Susana Díaz», afirmó el portavoz.

Rojas, en línea con lo que el PP-A viene reclamando, instó al Gobierno andaluz a personarse en la causa, recuperar el dinero defraudado y a no conceder más fondos a UGT-A hasta que sean aclaradas las presuntas irregularidades. Recordó que en el caso de los ERE la Junta tampoco quería personarse y reclamó una «causa general contra la corrupción» y negó que ellos la hayan emprendido contra el sindicalismo.

En nombre de IU intervino la diputada Rosalía Martín, que por una parte criticó al PP, al que acusó de querer «tapar sus vergüenzas y corruptelas» con sus críticas al Gobierno, pero también recalcó que hay que tener «tolerancia cero ante cualquier atisbo de corrupción», por lo que instó a la Junta a acudir ante los tribunales sin encuentra indicios de delito.