El Gobierno prohibirá las entregas de dinero de las empresas a los partidos

El Gobierno se dispone a prohibir por vez primera en democracia todo tipo de donaciones de empresas a los partidos, según confirmó ayer en el Congreso el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, quien desveló que esta será una de las novedades que el Consejo de Ministros incluirá en el paquete de 40 medidas contra la corrupción que aprobará antes de final de año y que remitirá por segunda vez al Congreso para su negociación.

El veto a las donaciones de las empresas no estaba en el primer borrador gubernamental, enviado a la Cámara baja en septiembre, y que fue imposible negociar porque el PSOE y otros grupos de la oposición no vieron en el documento más que una iniciativa unilateral del Ejecutivo para quitarse de encima la presión pública del 'caso Bárcenas'.

La legislación actual, restringida en 2007 y 2012, permite las donaciones de empresas a los partidos, pero con el límite máximo de 100.000 euros por año y compañía, y siempre que se identifique al titular. Lo que ya está prohibido es que el donante sea una persona jurídica que tenga contratos con alguna de las administraciones públicas. De materializarse el anuncio, las únicas donaciones privadas permitidas serían las de personas particulares, y siempre que vayan identificadas y con un tope también de 100.000 euros.

El PP insistió en desligar el futuro cambio legal de la presunta financiación irregular del partido por constructores reflejada en la contabilidad B de Luis Bárcenas y aseguró que la modificación se debe exclusivamente a que ahora piensan que lo mismo que las empresas no se pueden afiliar a un partido tampoco deben financiarlo.

Los populares hicieron coincidir el anuncio con el día en el que el Congreso debatió la admisión a trámite de una proposición de ley del PSOE que, de hecho, reclamaba la prohibición de las donaciones de empresas a los partidos. La propuesta no pasó el filtro del pleno por el voto en contra del PP y la abstención de los nacionalistas de CiU y PNV. Los populares justificaron el no contradictorio con su anuncio previo en que la iniciativa socialista era solo una reforma parcial y no un proyecto global anticorrupción como el que prepara el Gobierno. Los nacionalistas vieron un ataque oportunista del PSOE al PP por el escándalo 'Gürtel' y también dijeron que esperarán al debate global y con participación de todos.

El defensor socialista de la propuesta, José Ignacio Sánchez, que logró el respaldo del resto de grupos de la oposición, dejó claro desde el principio que su cambio legal buscaba evitar nuevos casos Bárcenas porque «cuando un empresario entrega dinero a un partido, en la práctica, hace un gesto que espera una influencia o contraprestación pública». Sobre el cambio de postura del PP, el diputado socialista aseguró que, «aunque no han asumido responsabilidades políticas por la contabilidad B, sí parecen haber entendido el problema».

Efectos mínimos

La modificación legal, de producirse, va a tener pocas repercusiones prácticas en las finanzas de la mayoría de las formaciones, que se nutren en un 85% de las subvenciones públicas, cifra que complementan con algo más de un 10% de cuotas y aportaciones de afiliados, y un simbólico 1 al 3%, según el caso, de donaciones privadas.

Los ingresos privados por donaciones han sufrido un notable descenso desde 2008, de entre el 25% y el 30%, en coincidencia con la reforma legal que prohibió en 2007 las entregas anónimas de dinero a los partidos. Las donaciones, que a comienzos de siglo superaron los nueve millones incluso en años no electorales, se han visto reducidas a entre seis y siete. De hecho las aportaciones que prácticamente han desaparecido con la obligación de identificarse son las de empresas, entre 700.000 y 800.000 euros al año desde 2008, que solo subieron en 2011 a 2,7 millones al calor del maratón de comicios. La mitad de las donaciones de estos tres años las acapararon entre PSOE y PSC, con PP y Unió de tercero y cuarto.

Las prohibiciones legales no evitaron pese a todo una serie de irregularidades entre 2009 y 2011 en la captación de donaciones que, aunque minoritarias, no dejan de ser llamativas. La federación andaluza de IU, según el Tribunal de Cuentas, recibió pese a su ilicitud aportaciones anónimas por valor de 337.857 euros, lo mismo que el Partido Aragonesista, con 82.480 euros en 2011.

De igual manera, tanto Unió Democrática como Coalición Canaria y el PP captaron aportaciones ilegales de contratistas públicos por valor de 270.000 euros, 30.000 y 16.500, respectivamente.