El asesinato de menores conllevará igual pena que los delitos de terrorismo

La pena por el asesinato de un menor de 16 años se equiparará con la que castiga el delito de terrorismo. De esta manera, el primer supuesto conllevará también la prisión permanente revisable, que está previsto que se aplique sobre ilícitos muy graves, como genocidios y crímenes de lesa humanidad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que el nuevo Código Penal endurecerá las penas contra la explotación sexual y la detención ilegal de menores.

La prisión permanente revisable que propugna Gallardón es objeto de críticas desde grupos muy distintos del arco parlamentario. Los socialistas, Izquierda Plural y los nacionalistas consideran que esta figura es un eufemismo que disfraza con palabrería lo que es la «cadena perpetua», una pena que atenta contra la «dignidad humana». La oposición considera que la iniciativa está trufada de populismo, y alega que la revisión está sujeta a condiciones tan «estrictas» que la harán inviable. En cualquier caso, y al margen de su aplicación, los grupos tildan de «inhumana y degradante» la medida, que está destinada, a su juicio, a satisfacer al sector más conservador del PP.

La prisión permanente disgusta además a la oposición porque significa legislar al calor de la indignación que despiertan ciertos crímenes recurrentes en las páginas de sucesos. Ruiz-Gallardón, que participó en la inauguración del V Foro de Encuentro Justicia e Infancia, subrayó que entre las medidas para proteger a los niños figura la ya conocida de elevar a los 16 años la edad de consentimiento sexual, además de tipificar como delito el obligar a un menor a presenciar actos de naturaleza sexual.

Por añadidura se «mejorará» el tratamiento penal de los delitos de explotación de esta índole y se incluirán nuevos instrumentos para combatir la pornografía infantil. El titular de Justicia aprovechó la ocasión para hacer un repaso de su política en materia de protección de menores y prometió que el nuevo Código Penal no dará una «protección insuficiente para aquellos delitos cometidos contra los menores».

Pornografía

El proyecto que prepara el departamento de Justicia ordenará un severo reproche penal contra aquellos que conviertan a los niños en víctimas de explotación o pornografía infantil. De manera añadida, se procurará que los niños sometidos a estas vejaciones no tengan contacto con el agresor durante el proceso judicial.

Ruiz-Gallardón resaltó entre las medidas de protección a la infancia un real decreto aprobado en febrero de este año que reconoce el derecho de los menores que hayan sido víctimas de abusos o maltrato a recibir asistencia jurídica gratuita.

El ministro destacó también que se encuentra en tramitación el Estatuto de Víctimas del Delito, que se ha remitido al Parlamento. Se trata de la incorporación al ordenamiento jurídico interno de una directiva europea que pretende ir más allá y convertirse en un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de las víctimas.

Ruiz-Gallardón se refirió además a los dos anteproyectos en los que su departamento trabaja con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para actualizar la legislación de protección del menor en los ámbitos civil y administrativo. Según dijo, los textos «se encuentran en un estado avanzado» y reflejan «innovaciones» como el desarrollo del concepto jurídico «interés superior del menor» que hasta ahora permanecía difuso. Este principio se aplicará en numerosos procedimientos en los que los menores sean parte. El proyecto regula también las situaciones de riesgo y desamparo, con especial atención a lo que suponga un riesgo para la salud psíquica del menor, incluida la etapa prenatal.