El juez archiva el 'caso Método 3'

Diez meses después de explotar como una especie de Watergate catalán y tras haberse cobrado dos víctimas políticas, del PSC y de Convergència, el 'caso Método 3' ya es historia, al menos en los tribunales. Y pelillos a la mar. Un auto de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona archivó ayer el proceso abierto por el espionaje al que la agencia de detectives sometió a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona.

Aunque las grandes incógnitas siguen abiertas y puede que ya nunca tengan respuesta, como por ejemplo quién encargó el trabajo a Método 3 para grabar a la líder del PP en 2010, la Audiencia de Barcelona estima que no hay responsabilidad penal de los imputados. Su argumento se basa en que las dos afectadas, que en su día dieron pie a la apertura de la causa con sus denuncias, perdonaron a los acusados tras un pacto sellado en junio pasado. Fruto del acuerdo, la presidenta del PP catalán, que en su día afirmó que llegaría hasta el final, y Álvarez renunciaron a las acciones penales a cambio de 80.000 euros y el reconocimiento por parte de la agencia de que dos de sus exempleados grabaron y difundieron la conversación de La Camarga.

Las afectadas otorgaron el «perdón del ofendido» a los cuatro imputados de Método 3, pero la causa siguió adelante porque la Fiscalía alegó que al afectar a una senadora y diputada autonómica, Sánchez-Camacho, el caso era de interés general y procedía continuar la investigación para al menos saber quién encargó la grabación.

Por esta razón, en julio, el juzgado ordenó el registro de la sede del Partit dels Socialistes de Catalunya. Buscaba pruebas o indicios que respaldaran la tesis de que la orden partió del PSC. De hecho, un informe policial reveló que ese partido pagó 1.750 euros por la cinta y la juez Elisabet Castelló decidió imputar a la responsable financiera del PSC, Lluïsa Bruguer, porque aparecía en algunos correos electrónicos como la responsable del encargo. Fue la quinta imputada.

Camacho y Zaragoza

Aun así, desde que estalló el caso, en febrero, a quien se apuntó como autor intelectual fue al diputado en el Congreso y exsecretario de Organización del PSC, José Zaragoza. Se sospechaba que buscaba información delicada sobre CiU. Él siempre ha negado que estuviera detrás, pero reconoció que contrató a la agencia para labores de seguridad en la sede socialista y se vio obligado a abandonar su puesto en la ejecutiva del PSOE después de que trascendiera que encargó a la agencia de detectives un seguimiento al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol.

Un informe policial apuntó varias hipótesis; entre ellas que la agencia pudo haber hecho la grabación de La Camarga por iniciativa propia, y luego la vendió al PSC, o pudo ser un encargo directo de alguien del partido o de un tercero. Este misterioso tercero, según la versión del director del despacho, Francisco Marco, fue la propia Sánchez-Camacho, quien ha salido muy perjudicada y hay quien apunta incluso que el 'caso Método 3' le costará su puesto al frente del PP de Cataluña.

Marco, en un libro sobre la investigación, señala que la orden de registrar la conversación la hizo Sánchez-Camacho a través de Zaragoza, quienes mantenían una gran amistad, y que quien ideó toda la operación fue el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno central, Jorge Moragas. Apunta además que a partir de la información grabada en La Camarga la Policía pudo realizar los informes publicados en la campaña de las elecciones catalanas que aseguraban que Mas y Pujol tenían cuentas en Suiza.

La otra víctima política de la trama Método 3 fue el ex director general de Prisiones de la Generalitat, el convergente Xavier Martorell, un hombre que llevaba casi tres décadas ocupando cargos de alta responsabilidad en la administración catalana. Su caso no tuvo nada que ver con el espionaje de La Camarga, pero entre toda la documentación que intervino la Policía apareció como el responsable de espionajes, a través de la agencia de detectives, al expresidente de la Generalitat José Montilla, a la actual vicepresidenta, la democristiana Joana Ortega, o al consejero de Empresa, Felip Puig. Además, como jefe de seguridad del FC Barcelona ordenó seguimientos a varios futbolistas.