Castro ignora a Hacienda y al fiscal y pone a la infanta Cristina a un paso del juzgado

Las presiones de la Fiscalía y de Hacienda para evitar la imagen de la infanta Cristina haciendo el paseíllo en los juzgados de Palma de Mallorca han tenido nulo efecto en el juez. El magistrado José Castro dio ayer el penúltimo paso antes de volver a llamar como imputada a la hija menor del Rey y preguntó a las partes personadas en el 'caso Nóos' si creen que la duquesa de Palma debe ser interrogada para responder de «fraude fiscal y/o blanqueo de capitales», los dos únicos delitos de los que puede ser acusada después de que la Audiencia Provincial de Palma descartara imputarle cualquier otro ilícito el pasado mayo, cuando suspendió la primera citación judicial de la infanta, que no su imputación.

El magistrado, que da un plazo de cinco días a las acusaciones y las defensas para que se manifiesten, avisa de que tras recibir esas alegaciones decidirá sobre el «hipotético» nuevo intento de interrogatorio de la esposa de Iñaki Urdangarin.

Según fuentes judiciales, Castro tiene intención de hacer público si archiva la causa contra Cristina de Borbón o la llama a interrogar en los últimos días de diciembre o primeros de enero. El magistrado estará de vacaciones del 18 al 30 de diciembre. Y, a partir de ahí, se abren varias incógnitas sobre el futuro procesal inmediato de la duquesa de Palma.

Si Castro la cita como imputada, queda por saber si Anticorrupción recurrirá esta diligencia ante la Audiencia Provincial de Palma, como ya hizo en abril. Horrach, que en noviembre anunció que no respalda la imputación, no piensa responder a esta última solicitud porque ya es conocida su posición. Y está por ver que recurra, si la Fiscalía General del Estado no le fuerza a ello.

La pasada primavera, el magistrado decidió de 'motu proprio' suspender la citación y dejar que la Audiencia de Palma decidiera si era pertinente o no. Pero ahora no tiene por qué volver a hacerlo ya que un hipotético recurso de la Fiscalía o de cualquier otra parte no paralizaría el interrogatorio. Otro tema trascendental será conocer los plazos que fije el juez. Si Castro cita a Cristina de Borbón de manera inmediata y Anticorrupción u otra parte recurre, la Audiencia Provincial puede no tener tiempo suficiente para reunirse antes de la fecha del interrogatorio, que se realizaría sin saber si los superiores de Castro lo aprueban o no.

El magistrado ha tomado la decisión de consultar a las partes después de considerar que la investigación sobre los presuntos delitos fiscales de la infanta ya ha llegado a su fin tras seis meses de reclamar todo tipo de informes policiales, fiscales y bancarios sobre la infanta Cristina, y tras recibir estos días los últimos estudios encargados a Hacienda. Unos informes que insisten en no ver delito fiscal en la actuación de la hija del Rey como copropietaria de la firma Aizoon, una inmobiliaria supuestamente usada por los duques de Palma para desviar desde el Instituto Nóos a sus bolsillos casi un millón de euros de dinero público. La Agencia Tributaria cifra que el matrimonio dejó de ingresar a Hacienda 281.109 euros por el impuesto de sociedades por Aizoon entre 2007 y 2010. Unos importes que no llegarían al mínimo de 120.000 euros anuales para hablar de delito contra Hacienda.

Pruebas

Castro sigue adelante con el posible interrogatorio de la infanta a pesar de la férrea oposición de Anticorrupción a este trámite. El pasado 14 de noviembre, el fiscal Pedro Horrach presentó un escrito al juzgado, que nadie le había solicitado, en el que aseguraba que no hay la más «mínima apariencia delictiva» en los hechos narrados en los informes policiales y de Hacienda. Sin embargo, el juez sí que cree que esos documentos podrían avalar que, si bien la duquesa no incurrió en un delito fiscal, pudo haber cometido el de blanqueo de capitales por haber hecho uso de ese dinero de origen ilícito en su beneficio.

Los informes incorporados al sumario en las últimas semanas detallan que la infanta Cristina tenía acceso a las cuentas de Aizoon donde se desvió supuestamente dinero público o importantes cantidades de origen desconocido. Esos papeles también indican que recibía cada semana desde las arcas de Aizoon pagos de entre 600 y 700 euros; que usó la tarjeta Visa de la empresa ficticia para pagar durante siete años gastos personales; que participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de la compañía; y que giró facturas contra la inmobiliaria como si fuera un proveedor externo.

Los mismos documentos dicen que Aizoon pagó a la hija del Rey cursos laborales; que firmó autoalquileres ficticios; o que el matrimonio usó el dinero de esa sociedad fantasma para reformar su mansión del barrio de Pedralbes, en Barcelona, como acredita el informe de Hacienda incluido ayer en el sumario.