El Gobierno avalará el déficit de tarifa sólo si las eléctricas retiran sus recursos

El Gobierno busca la fórmula de avalar los al menos 3.600 millones de euros de déficit tarifario -diferencia entre los costes regulados del sistema eléctrico y los ingresos- con los que terminará el ejercicio. Pero, advierte, sólo lo hará en el caso de que las compañías eléctricas se comprometan a retirar los recursos que tienen planteados ante el Tribunal Supremo contra la orden de peajes del pasado mes de agosto. Tanto la patronal Unesa como sus tres principales integrantes (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) habían recurrido ante al Alto Tribunal una norma que propició un aumento del 3,2% en el recibo eléctrico, y que al mismo tiempo revisaba determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

Las empresas planteaban al Supremo una subida mayor de los peajes eléctricos, convencidas de que sólo así se podrían equilibrar los ingresos y los costes del sistema. El Tribunal desestimó las medidas cautelares solicitadas por Unesa, aunque no se pronunció -y sigue sin hacerlo- sobre el fondo de la cuestión.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, instó ayer a las eléctricas a que retiren sus recursos. De otro modo, «sí que podría haber una repercusión en los precios de la electricidad, y en ese caso el Gobierno no concedería ningún tipo de aval» a las compañías. Éstas advirtieron hace una semana, nada más conocerse que el Estado no cumpliría con su compromiso de aportar 3.600 millones para tapar el agujero eléctrico previsto para este año, de que esta decisión conllevaría una subida del recibo. Soria manifestó entonces su convencimiento de que no sería así.

Ayer, sus palabras volvieron a alimentar la ceremonia de la confusión en la que se ha instalado el debate sobre el déficit de tarifa para este año. El ministro reiteró que el cumplimiento del objetivo de déficit público es en estos momentos prioritario. «Si estuviese en un nivel superior o muy superior al que hemos estimado como objetivo, los efectos serían mucho peores para la economía en su conjunto», aseguró a los periodistas antes de participar en un acto organizado por las Cámaras de Comercio.

«La parte positiva -prosiguió- es que hemos hablado con las empresas eléctricas con el fin de ver las condiciones bajo las que ese desfase puede tener el aval del Gobierno». El Ejecutivo busca alternativas al Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), un organismo creado hace dos años para titulizar la deuda tarifaria con el aval del Estado. Este instrumento ya ha dejado de funcionar como tal, y por eso el Gobierno ha impulsado un grupo de trabajo formado por los ministerios de Economía, Hacienda, Industria, y las cinco grandes eléctricas que conforman Unesa. El objetivo es buscar una fórmula para emitir la nueva deuda con las garantías del Estado, pero sin que compute como déficit público.