Decisiones cada vez más alejadas del centro político

Mano dura contra los escraches, más exigencia sobre Gibraltar, más restricciones para abortar, frenar la inmigración ilegal por todos los medios y más religión en las aulas públicas son algunas de las decisiones que exhiben los populares para contestar a los que acusan a Mariano Rajoy de blando.

Una respuesta más dura a Estrasburgo. El Gobierno respondió con la muy políticamente correcta frase de «máximo respeto a la Justicia» la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot. Sin embargo, el lenguaje del PP se ha recrudecido de manera directamente proporcional a la irritación ciudadana ante la liberación de decenas de terroristas y violadores. Senadores y diputados populares han declarado públicamente sentir «asco» ante la decisión de Estrasburgo. La cúpula del PP también cambió esta semana el tono de su reflexión. Carlos Floriano, número tres de la formación, culpó el miércoles a los jueces de Estrasburgo del «daño» que está causando a la sociedad española la salida de prisión de etarras y violadores y confió en que «nunca tengan que arrepentirse».

Sobresalto en Bruselas por la ley de Seguridad Ciudadana. Los partidos de oposición de izquierda en España se han sobresaltado ante algunos de los puntos más controvertidos de la ley de Seguridad Ciudadana, al considerar que suponen una «clara violación» de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una percepción que, al menos de manera inicial, comparte Bruselas. El Consejo de Europa tildó de «altamente problemática» la propuesta del Ejecutivo español. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que «estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática» para mantener el orden público y cree que se debería velar por la seguridad «sin interferir demasiado en la libertad de reunión» y de manifestación. Jorge Fernández, ministro del Interior, demostró que el Gobierno no dará su brazo a torcer y acusó a Muiznieks de «no haber leído» el anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros.

El duelo por las concertinas. Jorge Fernández ha iniciado diciembre desempeñando el papel de duro. Pese a que el Consejo de Europa, organización que agrupa a 47 países del continente, reprochó el 6 de noviembre la decisión del Gobierno español de volver a colocar cuchillas en los alambres que coronan las vallas fronterizas -las temidas concertinas- para luchar contra la inmigración ilegal, el titular de Interior español ha recalcado que otros países europeos con fronteras conflictivas también emplean dichas cuchillas para evitar que los 'sin papeles' puedan meter los dedos y escalar.

Ley del aborto. Esta norma, a diferencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, sí es una promesa electoral del PP. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha comprometido públicamente a que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma antes de que acabe el año, aunque desde verano lleva anunciando la «inminente» concreción de la norma. El Gobierno apura hasta el máximo este plazo -sólo restan tres semanas- consciente de la vehemencia con la que defienden sus posiciones los detractores y los defensores de la actual norma.

A vueltas con Gibraltar. Lo que parecía una simple serpiente de verano, la disputa entre Madrid y Gibraltar por unos bloques de hormigón que las autoridades del Peñón tiraron en aguas que España reclama como suyas, ha derivado en todo un pulso con Londres, que ha provocado la decisión de la Unión Europea de enviar a una misión de inspectores a la Verja. El Gobierno ha levantado el pie del acelerador de su escalada patriótica apenas hace unas semanas, después de que Londres llamara a consultas al embajador, Federico Trillo, por un supuesto incidente con un barco español.

Amagos de ilegalización. El descontento social que ha provocado la liberación de presos etarras ha llevado al Gobierno a endurecer su discurso contra Bildu y Sortu, partidos de la izquierda abertzale con representación en las instituciones. El Gobierno ya ha presentado ante la Fiscalía pruebas -calificadas de insuficientes por el Ministerio público- que buscan ilegalizar a las formaciones herederas de Herri Batasuna, para intentar contentar a parte de su electorado en el País Vasco, territorio donde se han dado los primeros síntomas reales de ruptura con la política antiterrorista de Mariano Rajoy.