La juez Alaya da el primer paso para pedir al Supremo que impute a Chaves y Griñán

La juez que investiga el caso de los supuestos ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía parece seguir la recomendación de la Audiencia Provincial de Sevilla y está dando los últimos pasos de la instrucción, al menos en lo que a la parte política de la trama se refiere. Así, ha pedido al Parlamento andaluz y al Congreso que certifiquen la condición de aforados de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco exconsejeros regionales, todos ellos señalados en un polémico auto de septiembre como colaboradores para «un uso ilícito de fondos públicos».

Esta petición formal, acompañada de la solicitud de que la Guardia Civil averigüe sus domicilios para posteriores notificaciones, se entiende como el trámite previo para que la juez eleve al Tribunal Supremo esta parte de las diligencias y pida su imputación. No obstante, no tendría efectos formales dado que el auto del 10 de septiembre en el que los preimputaba fue recurrido por la Fiscalía ante la Audiencia de Sevilla al considerar que un juez ordinario no era competente para actuar contra aforados.

Según señaló la juez Mercedes Alaya en dicho auto, dictado justo el día que tomaba posesión el nuevo gobierno de Susana Díaz, la concesión de subvenciones al margen del procedimiento era «el núcleo esencial» de la investigación pero alrededor se habían descubierto una serie de elementos «configuradores». Es el caso de las sobrecomisiones que, con la anuencia de la Junta, cobraban las mediadoras que participaban en la tramitación de las prejubilaciones o las ayudas directas, pero también de las modificaciones presupuestarias que permitieron ese «uso ilícito» de los fondos públicos.

La juez sostuvo entonces que los presupuestos de la comunidad ampararon la utilización «palmariamente irregular» del sistema de transferencias de financiación, y que el uso de esta fórmula -escogida en la opinión de Alaya precisamente por su falta de controles y fiscalización- provocó continuas modificaciones presupuestarias, cerca de 93 millones en apenas dos años. De ahí que señalara a los cargos públicos que, desde las consejerías afectadas, dieron continuidad a esa fórmula y por tanto permitieron esos desfases: Empleo, Hacienda e Innovación. Esta última como responsable del organismo desde el que se abonaban las ayudas aprobadas por la dirección general Trabajo.

La providencia

La providencia de Alaya va dirigida a la secretaria del Parlamento andaluz, donde poseen acta de diputado Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Hacienda hasta el pasado mes de septiembre); Manuel Recio (exconsejero de Empleo); y Francisco Vallejo y Antonio Ávila (como exconsejeros de Innovación). Todos ellos estarían aforados ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz. También pide la información a la secretaria del Congreso, donde son diputados el expresidente Manuel Chaves y José Antonio Viera, que fuera consejero de Trabajo entre 2000 y 2004 y la persona a la que el exdirector general Javier Guerrero señala como responsable directo de la lluvia de millones en formas de ayudas directas y opacas en la comarca sevillana de la Sierra Norte. Ambos estarían aforados ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, y tal vez por un despiste o un lapsus, la juez no pide información alguna al Senado, por lo que nadie le confirmará el aforamiento del expresidente José Antonio Griñán, que ocupa un puesto de designación autonómica en la Cámara alta.

La preimputación de todos ellos no estuvo exenta de polémica. De hecho, la Fiscalía en su recurso reclamó a la juez que emitiera un nuevo auto en el que concretara los hechos por los que cada aforado podía ser objeto de investigación. Y es que la juez invitó a los ex altos cargos a personarse en la causa, de forma similar a un denunciado o querellado, «por si pudieran resultar inculpadas» posteriormente de confirmarse la instrucción. Una preimputación inexistente en el Derecho a juicio de la Fiscalía.

El recurso de la Fiscalía deberá ser resuelto por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ya conminó poco antes a la juez a «apurar y depurar» la instrucción para remitirla al Supremo.