Una oleada de saqueos arrasa la ciudad argentina de Córdoba

En menos de 24 horas, una huelga policial por los bajos salarios en la provincia argentina de Córdoba, en el centro del país, desató la noche del martes una ola de robos y violencia en la capital y zonas del interior que se saldó con dos muertos, 250 heridos y 52 detenidos. Los comercios arrasados por hombres y mujeres fueron más de un centenar, según los primeros balances. Hubo también roturas de escaparates e incendio de locales. Algunos atacantes se movían en motos y coches, y otros huían entre risas con carros abarrotados.

El caos obligó a las autoridades a declarar la jornada de ayer festiva en la Administración y las escuelas. También se suspendió el transporte público por carretera y cerraron bancos y comercios. El gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota -que debió volver de urgencia de un viaje a Panamá y Colombia- aseguró que los desmanes no obedecen a una explosión social, como ha ocurrido otras veces en Argentina. «Son bandas de delincuentes», afirmó categórico después de anunciar un acuerdo con los policías que se habían acuartelado el martes por la mañana para reclamar aumentos salariales y otras mejoras en las condiciones de trabajo.

La crisis policial se gestó durante semanas de quejas soterradas y reuniones entre funcionarios y mujeres de los uniformados, que eran portadoras de sus demandas porque a ellos les está prohibido. Pero la protesta se agravó el martes cuando miles de policías se atrincheraron en la capital provincial, que también se llama Córdoba. Por la tarde, ante la ausencia de patrullas, comenzaron los primeros saqueos, todavía a plena luz del día.

Pero fue por la noche y de madrugada cuando cientos de jóvenes salieron a las calles, forzaron los locales, rompieron cristales y desataron una ola de robos imparable. Algunos comerciantes se defendieron con armas de fuego. Uno de los muertosl fue un joven de 20 años que viajaba en una moto con otra persona y recibió un disparo en el tórax.

Los atacantes se llevaban alimentos, bebidas, productos de perfumería pero sobre todo electrodomésticos, teléfonos móviles, equipos de electrónica, ropa deportiva, calzado, bicicletas, motos, carritos de bebé y muebles. Según las imágenes de la televisión local, algunos sólo cargaban lo que les permitían sus brazos, pero otros, provistos de vehículos, se llevaron equipos de aire acondicionado, televisores y hasta un frigorífico.

Empleados encerrados

Los comercios quedaron arrasados. Hubo locales de los que se desaparecieron cajas registradoras, equipos electrógenos y ordenadores. En algunos casos los empleados fueron amenazados con armas y encerrados bajo llave. La organización y rapidez con la que procedieron los agresores hizo sospechar a la prensa especializada de un posible acuerdo entre policías acuartelados y delincuentes que habrían instigado a otros vecinos a aprovechar la anarquía desatada.

La crisis derivó rápidamente en disputa política. Ya de regreso en Córdoba, el gobernador -un peronista disidente- denunció que pidió ayuda al Gobierno nacional y que no le respondieron. El jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, se defendió diciendo que su teléfono nunca sonó y que el asunto era de exclusiva incumbencia de la provincia.

Después, desde Buenos Aires, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, criticó al gobernador pero anunció el envío de 2.000 gendarmes -fuerza de seguridad nacional- para neutralizar el caos. Berni consideró que la petición de ayuda que cursó De la Sota, por Twitter y de madrugada, «fue una payasada». Y más tarde, cuando la crisis ya estaba encarrilada, el secretario anuló los refuerzos.

José Manuel de la Sota acababa de anunciar que se había llegado a un acuerdo con los rebeldes. Prometió a los uniformados elevar el salario mínimo de 6.000 a 8.000 pesos mensuales (de 704 a 938 euros) y les pidió que salieran de inmediato a «perseguir a todos los delincuentes y saqueadores».