UGT denuncia que un sabotaje le impide aclarar el escándalo de las facturasCándido Méndez no descarta dimitir si resulta «una carga»

Varios trabajadores con acceso a la documentación más sensible de UGT-Andalucía realizaron entre enero y junio de este año un borrado de al menos 1.756 archivos informáticos de los ordenadores del sindicato, según denunció ayer la dirección de la organización. Aunque todavía no saben precisar el alcance concreto del material eliminado, sí que adelantaron ya que los documentos desaparecidos pueden dificultar el esclarecemiento del escándalo de las supuestas facturas falsas endosadas por la central a la Junta de Andalucía para sufragar gastos internos y de ocio.

La denuncia la formuló ayer el secretario de Organización, Manuel Ferrer, al frente del sindicato tras la dimisión el pasado viernes del secretario general autonómico Francisco Fernández Sevilla. Lo hizo al tiempo que reconocía que con esto daña aún más su imagen ante la opinión pública por sonar a excusa. «Pero es la verdad», aseveró.

Los documentos son irrecuperables, según la empresa que descubrió el sabotaje, que también desveló que desde los mismos ordenadores se hicieron copias de otros 22.400 archivos, algunos de los cuales, sospecha, son los que se han filtrado en los últimos meses a los medios de comunicación y provocado la mayor crisis en la organización desde los años ochenta. «No sabemos a ciencia cierta qué documentos son», explicaron ayer desde el sindicato, «lo iremos viendo a medida que vayamos buscando».

La central aún no ha puesto el caso en manos de la Policía, aunque sí tiene identificados a tres sospechosos. Según señaló Ferrer, se trata de trabajadores y extrabajadores a los que ya se ha abierto expediente, aunque en dos de los casos se ha tenido que concluir con una simple amonestación por falta de pruebas.

Desde que comenzaran a salir a la luz pública las supuestas irregularidades contables, el sindicato apuntó a personas que se habían llevado documentación y lo atribuyó al descontento por los 163 despidos del ERE que acometió la formación en 2012. Un reajuste de plantilla que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz y que se repetirá el próximo año, confirmó Ferrer.

Desde UGT-Andalucía aseguraron ser conscientes de que la desaparición de esos documentos, que Ferrer llegó a asemejar con el borrado de los discos duros de los ordenadores del PP en el 'caso Bárcenas', dificultará la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gastos internos que realizan tanto el sindicato como la Junta. Confían en que haya copia en papel en los archivos generales, lo que solo ralentizaría el proceso.

Lo que parece casi seguro es que la investigación judicial del escándalo seguirá en los juzgados de Sevilla porque la Fiscalía no ve en este momento elementos para que sea reclamada por la Audiencia Nacional, tal como pidió al juez Santiago Pedraz el sindicato Manos Limpias.

La Junta confirma el fraude

La denuncia del sabotaje coincidió con el anuncio por la Junta de Andalucía del fin de dos de los 17 expedientes que se han abierto sobre la organización sindical. Tal y como adelantó el Ejecutivo autonómico la pasada semana, precipitando la dimisión del secretario general andaluz, el instructor considera nulos dos programas de ayuda concedidos entre 2009 y 2010 y referidos a asesoramiento sobre acción sindical y negociación colectiva que el sindicato no ha justificado suficientemente.

El informe pasará ahora a los servicios jurídicos y posteriormente al Consejo Consultivo, que serán quienes determinen si finalmente UGT tiene que devolver 1,8 millones de euros por cobros indebidos, que podrían ser más, hasta 7,5 millones, cuando se resuelvan el resto de expedientes. Las conclusiones del informe serán desglosadas la próxima semana por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, que comparecerá a petición propia ante el Parlamento andaluz para informar sobre la investigación.

Ferrer y otros miembros de la ejecutiva defendieron ayer la legalidad de las cuentas de UGT Andalucía y dijeron que se trata de «errores puntuales» que se han ido solucionando sobre la marcha. «Al igual que en otras organizaciones», insistieron. Desde Bruselas, el secretario general, Cándido Méndez, coincidió en que «la inmensa mayoría de las cuentas de la UGT de Andalucía son correctas» y que el escándalo se aclarará en breve y «de una manera mucho menos intensa que lo que en estos momentos se puede deducir de los medios de comunicación».

La crisis de UGT-Andalucía empieza a dejar huella en la dirección federal. El secretario general, Cándido Méndez, cambió ayer su discurso de los últimos días y en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde acudió a una cumbre sindical, aseguró que ya no descarta que las dimisiones salpiquen a la cúpula de la organización, aunque de momento no se plantea abandonar su puesto. Méndez aseguró que su intención es seguir al frente del sindicato salvo que su presencia se convierta en «una carga», algo que aún no se ha producido, añadió. «Creo que en este momento la obligación que tengo es la de seguir adelante (...), precisamente para poder clarificar este tipo de situaciones», indicó.