Las dos primeras ayudas investigadas, a devolver 1,8 millones

Aún queda un trámite prolijo por realizar, pero el informe de oficio realizado por un funcionario de Empleo concluye que dos de los expedientes de ayudas públicas concedidas a UGT-A son irregulares y plantea su nulidad. La central deberá devolver su importe, 1,8 millones de euros, y cuando concluya el proceso el gabinete jurídico de la Junta decidirá si es preciso acudir a los tribunales. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer tras la reunión del Ejecutivo que éste no se plantea revisar todas las ayudas concedidas ni tampoco la personación como le pide el PP-A, «porque todavía ningún juzgado ha abierto causa», si bien hay varias denuncias admitidas a trámite.

El consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, comparecerá en el Parlamento para explicar el expediente de oficio, que incluye otras 15 ayudas. Las dos cuya anulación se pide, por documentación insuficiente, corresponden a programas de información y asesoramiento de la acción sindical y de la negociación colectiva. Las conclusiones irán al gabinete jurídico de la Junta, que dará trámite de alegaciones a UGT y luego enviará el expediente al Consejo Consultivo, que dictaminará si procede la reversión de la ayuda. Un posible paso más allá de la vía administrativa, hacia la denuncia penal, deberá ser decidido por el gabinete jurídico, aseguró el portavoz.

Vázquez rechazó cualquier responsabilidad de la Junta en las irregularidades, ya que recibía facturas falsas para justificar las subvenciones. Para contrastarlas sólo dispone del material publicado por los periódicos, de ahí que sólo estén siendo investigadas estas líneas de ayudas, 17 en total, que afectan a un importe total de 7,5 millones. No se prevé revisar todo el sistema de ayudas públicas, porque eso supondría «poner en duda todo el dispositivo administrativo». Hay que actuar, dijo, «allí donde se detecte que hay algo perseguible», pero «no podemos descartar nada en el futuro», tampoco respecto a llegar hasta donde sea preciso para «recuperar el dinero público». El portavoz destacó el papel «proactivo» de la Junta para esclarecer los hechos y la transparencia del procedimiento seguido.