UGT denuncia que un sabotaje le impide aclarar el escándalo de las facturas

El esclarecimiento de las irregularidades en el sindicato UGT se complica: se han borrado de sus ordenadores 1.756 archivos, que no pueden ser recuperados. Lo denunció ayer el secretario de Organización, Manuel Ferrer, que compareció como cabeza visible de la ejecutiva, tras la dimisión del secretario general, Francisco Fernández Sevilla, el pasado viernes, acuciado por el escándalo de las facturas falsas.

Una auditoría interna realizada ante notario y con una empresa especializada indica que los archivos se han borrado desde dentro, con el programa Cleaner C, similar al que borró el disco duro de Bárcenas, dijo Ferrer. Además, se ha detectado la copia de otros 22.400 documentos, lo que podría indicar que habrá nuevas revelaciones sobre las finanzas internas de UGT.

El sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores por este caso. Dos de ellos han sido amonestados, por facilitar las claves internas, y el tercero, desde cuyo ordenador se realizó el borrado, está aún pendiente de terminar la investigación. Ferrer aseguró que denunciarán el caso «en breve» ante el juez, en cuanto terminen de reunir las pruebas, y dijo saber quién era el responsable, aunque no quiso dar pistas. Ni siquiera contestar si esa persona sigue trabajando en la UGT o pertenece al personal afectado por el ERE.

El borrado se realizó entre enero y junio. Ferrer admitió que puede sonar a excusa para no esclarecer las denuncias de facturas falsas, pero dijo que «es la realidad». Aunque las facturas están en papel, afirmó, se ha destruido «la trazabilidad y el seguimiento» y el trámite de comprobación será más largo y difícil.

El primer expediente de oficio realizado por la Junta insta a devolver 1,8 millones de euros, una cantidad a la que el sindicato dijo que no sabe si podrá hacer frente. Aunque Ferrer mostró su discrepancia con la cifra, se mostró dispuesto en toda la comparecencia a devolver el dinero que sea preciso. Incluso el de los maletines falsificados, cuya cuantía redujo a unos 40.000 euros, menos de lo que se ha publicado, y a pesar de que estuvieran bien consignados, dijo, porque es una práctica que rechazan.

El futuro

Además, Manuel Ferrer mostró la resistencia existente en la cúpula del sindicato a hacer cambios en profundidad. Descartó dimisiones en bloque de la ejecutiva antes del comité extraordinario del 9 de enero, lo que obligaría a convocar una gestora, y dijo que las uniones territoriales, reunidas el lunes, les han trasladado el deseo de que continúen en sus puestos.

El secretario de organización restó importancia a los críticos, «son tres, dijo», y no se descartó como futuro secretario general. Aunque «yo no me presentaría», dijo, «no preveo ni quiero, llevo en el sindicato desde 1976 y estoy a lo que la organización me marca». Sin embargo, en las bases hay movimiento para crear una alternativa, que en los próximos días puede concretarse, con el nombre de Ana Pérez Luna, exsecretaria de la Mujer, como posible líder.

Crece también la incertidumbre en los centros y se empieza a notar un descenso de la afiliación motivado por el escándalo, según fuentes críticas.