Interior promete «eficacia» para controlar a los excarcelados

El Ministerio del Interior promete «eficacia» para impedir que la decena de asesinos en serie y depredadores sexuales que han sido excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot vuelvan a delinquir, pero advierte de que ahora son «ciudadanos libres» y que, en modo alguno, se puede coartar su libertad de movimientos.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado estarán «a la altura» del desafío que supone la excarcelación de estos delincuentes extremadamente peligrosos. Martínez, que no quiso especificar si estos expresos están siendo sometidos a alguna suerte de seguimientos o control, sí que dijo, no obstante, que los policías y guardias civiles «manejan información» y que se están moviendo dentro de los márgenes que la «legalidad» les permite. En esa línea de «discreción», el número dos del Ministerio del Interior no quiso desvelar si las fuerzas de seguridad tienen bajo control a Miguel Ricart, asesino de las niñas de Alcàsser, al que diversas fuentes sitúan en la capital madrileña tras su rocambolesca salida de prisión.

Otro de los delincuentes excarcelados cuya presencia está levantando una auténtica polvareda es Manuel González, 'el loco del chándal', condenado a 169 años de cárcel por un asesinato con alevosía, seis asesinatos con alevosía en grado de frustración, un homicidio en grado de tentativa, tres delitos de lesiones, uno de agresión sexual y uno de hurto. González, que salió de la prisión catalana de Brians-2 el pasado 22 de noviembre, vive desde entonces en una casa del pueblo barcelonés de Martorell.

El ayuntamiento catalán ha reclamado a los responsables policiales que extremen la seguridad en el municipio, mientras que otro consistorio en la otra punta del país, el de la localidad sevillana de Almadén de la Plata, se ha movilizado para impedir que el 'loco del chándal' se instalé allí, donde su familia al parecer tiene otra vivienda. El desasosiego en Sevilla fue tal que el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, tuvo que llamar a la calma a los vecinos.