El precio por introducir en el país inmigrantes indocumentados

La colaboración con la inmigración clandestina está penada por la legislación española. El concepto de colaboración, ya sea promover, favorecer o facilitar esta actividad, es amplio y no tiene por qué estar ligado a las mafias ni generar ningún beneficio económico. Tan sólo intentar introducir en el país a un extranjero sin documentación puede acarrear una condena. Así les ha ocurrido a dos onubenses que acaban de ser sentenciados por la Audiencia Provincial como responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su caso puede servir de aviso para cualquiera que caiga en la tentación de ayudar a un indocumentado a cruzar la frontera a escondidas y piense que ese gesto, sin exigir una contraprestación, no es delito.

Los dos procesados que se sentaron en el banquillo el pasado mes de septiembre no eran pateros que ponen en peligro la vida de decenas de personas que viajan en una precaria embarcación, ni ha quedado probado durante la vista oral que trabajaran a sueldo de alguna de las organizaciones que se lucran con el tráfico ilegal de personas en el Estrecho. Según recoge la sentencia en el capítulo de hechos probados, estos dos vecinos de Isla Cristina (Huelva) trataban de ayudar a dos marroquíes a entrar en el país de forma clandestina por vía marítima. Los dos inmigrantes viajaban escondidos en un pequeño pesquero de diez metros de eslora. Cuando fueron descubiertos por miembros de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil estaban en perfecto estado y presentaban un buen aspecto físico. En la decisión alcanzada por los magistrados se ha tenido en cuenta que los dos procesados trataron bien a los inmigrantes, que en ningún momento sufrieron condiciones infrahumanas durante la travesía.

Lo mínimo

Este detalle ha sido tenido en cuenta por el tribunal para imponer la pena más baja: dos años de cárcel, que deja abierta la puerta a no ingresar en prisión para aquellos que carecen de antecedentes penales. No es el caso de los dos procesados. Ambos estuvieron en prisión preventiva dos meses en 2010. En enero de ese año fueron detenidos en el muelle de El Puerto.

Al inicio de la vista oral, el fiscal solicitó tres años de cárcel y en su escrito de acusación defendía que no había quedado acreditado que los dos marroquíes pagaran dinero alguno por el viaje.

Pero la no existencia de lucro no es motivo suficiente para exonerar a alguien del delito de tráfico ilegal de personas. El tribunal de la Sección Tercera se ajusta a la jurisprudencia existente en esta materia que castiga cualquier participación en la introducción de inmigrantes clandestinos en el país, desde financiar una operación y cobrar por los huecos de una patera hasta simplemente pilotar la embarcación en la que viajan los 'sin papeles'. «Los acusados colaboraron activamente para que los ciudadanos marroquíes consiguieron traspasar los controles de personas».

La travesía con los indocumentados se produjo el 4 de enero de 2010. Viajaban en un pesquero de matrícula portuguesa que quedó a la deriva durante el trayecto de vuelta por culpa de una avería. El barco se paró a unas 20 millas de la costa española. Una patrullera de Salvamento Marítimo los auxilió. En la sentencia se recoge cómo los acusados se pusieron nerviosos y al llegar a puerto, los inmigrantes fueron descubiertos.

Las explicaciones que dieron ambos acusados al tribunal son calificadas de «inverosímiles» por los magistrados. Aseguraron que habían partido de Isla Cristina y se dirigían a Cádiz para arreglar la embarcación. Ninguno supo aclarar por qué viajaban dos indocumentados en el barco.

En la sentencia se subraya también que pese a tratarse de un pesquero, no llevaba útiles, ni artes y estaba prácticamente limpio.