Juzgar a civiles en tribunales militares

La Comisión Constitucional egipcia ultimaba anoche a marchas forzadas la votación de la nueva Carta Magna, el documento que marcará el camino que debe recorrer Egipto en los próximos años y que evidencia los cambios surgidos tras el golpe de Estado del verano. En un texto que salvaguarda derechos individuales y veta los partidos religiosos, los miembros de la comisión también han acordado blindar el poder de los militares y abrir la puerta a que los civiles puedan ser juzgados en tribunales castrenses.

Los puntos de fricción en los que no se alcanzó un acuerdo y que tuvieron que se renegociados se refieren a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Es previsible que la Constitución, que modifica la redactada por los islamistas a finales de 2012, amplíe la brecha entre las fuerzas que apoyaron el golpe y los Hermanos Musulmanes, empujados por las nuevas autoridades a la clandestinidad. Ayer, cientos de estudiantes simpatizantes con el depuesto presidente Mohamed Mursi protestaron en varias universidades cairotas y, por primera vez en la plaza Tahrir desde que el islamista fue derrocado. La Policía, haciendo uso de la nueva ley de manifestaciones, los dispersó y generó nuevas batallas campales.

La nueva Constitución es posible que modifique la hoja de ruta impuesta por los militares el 3 de julio. Ayer, los miembros de la comisión no alcanzaron un acuerdo en el artículo 230, que señala que, tras la aprobación del documento, se deberán celebrar elecciones parlamentarias y luego presidenciales. El orden no es baladí. Al parecer, una parte querría elegir primero presidente para dar más tiempo a las corrientes seculares a que se organicen y formen partidos potentes que concurran a las legislativas.

Con la Cofradía fuera de combate y con pocas probabilidades de que presente un candidato, y teniendo en cuenta el ambiente nacionalista y de fuerte apoyo al Ejército que se respira en los últimos meses en Egipto, es más que probable que el próximo presidente proceda de un entorno afín a los militares. Esto propiciaría, señalaban ayer los más críticos, el retorno a un sistema en el que un partido -favorecido por el jefe de Estado- domine la esfera política.