La Audiencia reabre el caso sobre posible pucherazo en unas elecciones sindicales

La Audiencia Provincial ha reavivado un asunto que pone en tela de juicio la limpieza del proceso electoral que supuso la elección de los miembros de la junta de personal que representa en la actualidad a los funcionarios del Estado en la provincia de Cádiz. Una investigación que no ha tenido ninguna repercusión mediática y que acabó en un primer momento con un archivo de las diligencias que estaba instruyendo el juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz, las cuales nacieron a raíz de la denuncia de uno de los sindicatos que concurrían a esos comicios. En un auto dictado por la Sección Cuarta se ordena reabrir la causa e indagar si hubo un pucherazo mediante la manipulación del voto por correo de unas elecciones que supuso el triunfo de una coalición de formaciones Acaip-Uso en el año 2011, cuando duplicaron su número de delegados en la junta frente a otras organizaciones como CSIF, CC OO o UGT. Los funcionarios de prisiones constituyen la mayoría de los empleados públicos en Cádiz donde hay en funcionamiento hasta tres cárceles. Y en ese circunstancia basó su triunfo Acaip, una formación que trabaja en exclusiva en el ámbito penitenciario.

La decisión del tribunal que ha estudiado el recurso contra el archivo de las actuaciones presentado por la APFP (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones) se sustenta en el informe que en su día emitió la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de Cádiz. La Policía investigó en 2011 la denuncia planteada por esta asociación minoritaria que alertaba de la manipulación del voto por correo y la connivencia de los miembros de la mesa electoral que pese a conocer la existencia de una denuncia y una medida cautelar dictada por el juzgado para intervenir esos votos, hizo caso omiso a esa orden judicial, procediendo a abrir los sobres y contabilizarlos.

El informe policial concluye que hubo «numerosas irregularidades» en la tramitación de las solicitudes de voto por correo. Los agentes detectaron algunos indicios que confirmarían que el proceso no fue del todo limpio con la falsificación de firmas de funcionarios que supuestamente habrían solicitado ejercer su derecho no de forma presencial. En el atestado policial al que ha tenido acceso este periódico se califican de «burdas» algunas de esas falsificaciones. Los investigadores compararon las rúbricas sospechosas con las que aparecían en los documentos de identidad de los votantes y verificaron que no eran las mismas; si bien indicaban que esa conclusión debía someterse al peritaje de un experto, aunque anticipaban que con el simple cotejo visual se observaban grandes diferencias.

Esos mismo votantes, cuyos sufragios resultaron sospechosos a partir de las firmas, corroboraron en sede policial que durante todo el proceso, desde la solicitud del voto por correo a la mesa electoral, hasta elegir la papeleta y volverla a remitir a la mesa, no lo hicieron ellos ni tampoco habían formalizado poder notarial alguno para que una tercera persona asumiera esas labores de representación. La Policía destaca uno de los testimonios recabados, el de un funcionario que no dudó en afirmar que habían falsificado su firma para solicitar el voto de forma no presencial. En todos estos casos, en los que la Policía deposita sus sospechas, la dirección de correo que hicieron constar en las solicitudes para no votar a pie de urna sino a distancia, era un apartado de correos cuyo titular es Juan Carlos Sánchez Civila, el cabeza de lista del sindicato Acaip, que resultó ganador en los comicios.

Sánchez Civila fue citado a declarar en Comisaría y sostuvo que al tener conocimiento de que se iba a impugnar el voto por correo, se instó desde su formación mediante correos electrónicos a sus afiliados que acudieran a ejercer su derecho ante las urnas. Reconoció que a su apartado de correos llegaron sobres a nombres de votantes pero que en ningún caso los abrió en su nombre porque se trataba de correspondencia certificada a nombre de terceras personas. Preguntado por este periódico sobre la reapertura del caso, el delegado de Acaip insiste que el voto por correo no «fue vinculante» con el resultado final: «Esas papeletas las abrió la Mesa Electoral Coordinadora al día siguiente de las elecciones. Con ellas y sin ellas, el resultado era el mismo e incontestable. No se alteró en nada el resultado final». Sánchez Civil dijo sentirse «muy tranquilo» porque el asunto ya había sido archivado y cree que volverá a tener el mismo recorrido.

Imprudencia o dolo

La jueza del nº 3 de Cádiz dictó el año pasado el sobreseimiento de las actuaciones basándose en las dificultades que había para identificar a las personas que habían participado en la tramitación irregular de votos por correo, quienes entregaron las solicitudes y quienes las recibieron, porque esa documentación se destruyó a los pocos meses de presentarse la denuncia. No había forma de hacer un peritaje con los soportes originales para determinar qué firmas se habían falsificado o no. Si bien reconocía que había al menos 28 votos donde existían claras diferencias significativas en las rúbricas.

La Policía concluía que esas irregularidades notables podrían deberse a un «exceso de celo en su quehacer sindical» y a un «probable desconocimiento de la norma que regula el voto por correo», de los delegados de Acaip-Uso que habrían intentado favorecer a su sindicato en las elecciones.

El fiscal apoyó el archivo dictado por la jueza porque no veía indicio de actuación dolosa sino en todo caso de imprudencia. Pero la Audiencia entiende que los argumentos del exceso de celo y de desconocimiento de la normativa no es suficiente para dar por terminada la investigación, «cuando lo lógico sería suponer lo contrario; es decir, que los delegados sindicales deben conocer la normativa».