¿Ley de seguridad o represión ciudadana?

En poco más de una semana de vida pública el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se ha granjeado un sinfín de calificativos, casi ninguno de ellos amable. Oposición, asociaciones de jueces o movimientos civiles han catalogado el borrador que aprobó el viernes el Consejo de Ministros como ley de la «represión ciudadana», la de «la patada en la boca de la democracia» o la de la «mordaza». Hay quien incluso ha denunciado una descarada regresión al franquismo.

Nada más lejos de los argumentos que no se cansa de repetir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien habla de una norma «despenalizadora, garantista y contundente en la defensa de una convivencia pacífica y democrática». «Los únicos que deben temerla son los violentos», afirma el ministro. Entre sus ventajas, añaden desde Interior, están «evitar el exceso de litigiosidad y no dar a una conducta un reproche tan enérgico como el penal».

El texto tendrá que pasar aún por muchos filtros, entre ellos los órganos consultivos del Estado. Este es un factor que al margen del debate hay que tener en cuenta, destaca Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. «Es obligado decir que estamos en la fase embrionaria de una ley y que queda mucho recorrido hasta que vea el Boletín Oficial del Estado», explica De la Iglesia, quien, sin embargo, aventura que es de esperar que en una ley de tanto impacto social el debate se prolongue durante meses y termine como suele ocurrir ante el Tribunal Constitucional.

Ya lo fue la anterior de 1992. Esta ley a la que se refiere la catedrática es la conocida como 'ley Corcuera' o 'ley de la patada en la puerta'. Tras una agria polémica, la corte de garantías anuló uno de sus principales artículos, el que permitía a las fuerzas de seguridad allanar cualquier vivienda en la que tuvieran la certeza de que se estaba cometiendo un delito de tráfico de drogas».

Falta y no delito

Muchos de los artículos contemplados en la ley de 1992 se mantienen en el proyecto actual. Incluso el anterior establece un mayor número de sanciones muy graves, que en ambos casos se castigan con hasta 600.000 euros, una cantidad que ha sido ampliamente criticada por ser considerada desproporcionada pero que por otro lado ya figura en la norma de 1992.

El cambio más significativo radica en quién impondrá ahora las sanciones por, a modo de ejemplo, asistir a una manifestación no comunicada al Gobierno. Hasta ahora se trataba de un delito juzgado por tanto por los tribunales. Con la nueva ley pasará a ser una falta administrativa que se traducirá en una multa impuesta directamente por la Administración.

Es en este punto donde muchos de sus detractores valoran una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. No obstante, en opinión de Javier Junceda, decano de la facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya y abogado en ejercicio, «no hay restricción de garantías judiciales porque las infracciones administrativas se juzgarán, sí así lo decide el afectado, por la vía administrativa». «Sigue existiendo un control judicial, no penal, sino contencioso administrativo de modo que no hay ninguna pérdida de garantías», añade este jurista.

En la misma línea que sostiene Junceda, Interior recuerda que existe la posibilidad de recurrir ante el tribunal las multas de lo contencioso administrativo. Pero los opositores a la ley arguyen que en la posibilidad de acudir al recurso entra otro factor nuevo en juego, el pago de tasas. Un largo proceso de apelación podría llevar en un caso extremo al demandante a hacer un desembolso de hasta 2.000 euros.

De la Iglesia valora que «el debate político se advierte ya maniqueo entre quienes la tachan de retroceso democrático que pone límites a conductas antes no tipificadas que pasan a estar castigadas y aquellos que defiendan una intervención sancionatoria más activa frente a los desórdenes, protestas y acciones que perturban el orden público o tienen impacto negativo en terceros». «Se enfrentan dos visiones antagónicas del alcance de la libertad», sentencia la catedrática. Para superar esta división, la profesora de Constitucional apuesta por «sentido común y 'fineza' jurídica» en la tramitación parlamentaria como única fórmula para salvar las distancias entre unos y otros.

La ley de Seguridad Ciudadana de 1992 se cobró la cabeza política del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. De momento, en apenas una semana, la que aún está por aprobar ya le ha costado a Fernández Díaz algo más que un dolor de cabeza.

Elena Martínez fue una de las ocho personas imputadas por atentar contra las instituciones del estado durante la manifestación del 25 de septiembre del año pasado en torno al Congreso. Entonces el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional archivó la causa contra ella y sus compañeros al considerar que no existió delito.

Martínez denuncia ahora que la nueva ley de Seguridad Ciudadana acabará con las garantías judiciales de las que hasta ahora han dispuesto los denunciados. «Las garantías judiciales podían ser buenas, malas o regulares, pero al menos hasta este momento las había. Ahora te quitan el dinero primero y luego vete a recurrir», asegura con respecto a la nueva ley. En este sentido añade que hasta ahora todas las denuncias contra miembros de este movimiento ciudadano se han ido ganando en los tribunales «porque no hay nada ilegal en las acciones que lleva la Coordinadora 25S».

La activista considera que la norma elaborada por el Ministerio del Interior busca solo acallar las protestas con el fin de seguir aplicando políticas de recortes sociales. «No se trata ya solo de ir contra el 15M o el movimiento 'Rodea el Congreso', sino contra los derechos y libertades fundamentales», opina. Cree que atacar estos principios supone que el Gobierno ha cruzado una línea roja.

Martínez subraya que da mucho que pensar que una democracia busque restringir tanto la presión de sus ciudadanos en la calle y también se muestra pesimista con respecto al futuro. «Sobre todo -dice- da miedo pensar en lo que pueda venir. El no saber que más van a recortar pone los pelos de punta».