El juez de Invercaria abre causa penal a ocho empresas públicas de la Junta

El juez del caso Invercaria ha aceptado la petición de la fiscalía Anticorrupción y ha abierto diligencias separadas sobre ocho empresas o agencias públicas andaluzas, entre ellas Radio Televisión de Andalucía (RTVA), por el presunto uso de transferencias de financiación para eludir el control de la Intervención.

Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que lleva el caso de las inversiones de la empresa de capital riesgo Invercaria, dependiente de la Consejería de Economía, dictó ayer una providencia por la que incoa diligencias sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), RTVA y Turismo Andaluz (TURASA).

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado viernes que abriera una pieza para cada una de estas ocho empresas, sobre las cuales la Intervención General de la Junta ha expresado dudas acerca del uso de las transferencias de financiación, un sistema aprobado en los Presupuestos y que ya investiga la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, en la llamada «trama política», por la que ha imputado a una veintena de altos cargos de la Junta andaluza, entre ellos la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez.

La Intervención detectó «defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo». Asimismo, indicaba que «del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas se ha puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizado por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas», según recogía el escrito de la Fiscalía Anticorrupción emitido el pasado viernes.

En una breve providencia, el juez comunica las diligencias para averiguar si las transferencias de financiación a esas empresas «han seguido la tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa con análisis diferenciado», a fin de determinar «si ha habido algún ilícito penal susceptible de presuntos delitos de prevaricación y/o malversación».

Las nuevas diligencias se refieren a todas las empresas excepto IDEA, de cuya actuación el juez Gutiérrez Casillas da cuenta a la magistrada Alaya, que ya la investiga en el caso de los ERE fraudulentos

Imputación a Vallejo

Por su parte, el PP-A, personado en la causa, ha pedido al juez Gutiérrez Casillas la imputación del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y de todo el consejo rector de IDEA, dentro de la pieza separada sobre Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

Vallejo es aforado, por su condición de parlamentario andaluz y ya el pasado junio la cámara autonómica certificó su privilegio ante una posible imputación y a petición del magistrado Gutiérrez Casillas.

Por ello, en su petición el PP incluye que a Vallejo se le instruyan sus derechos y se le otorgue el «estatuto de imputado».

Según el escrito presentado por el PP andaluz, la responsabilidad de Vallejo se debe a su condición de presidente del consejo rector de la Agencia IDEA, al que corresponde conocer la gestión presupuestaria y las acciones de las sociedades participadas y aprobar las actuaciones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior a 1.200.000 euros.

Pese a ello, dice el PP, Invercaria autorizó inversiones con un compromiso superior a esa cifra sin la aprobación del consejo rector, ya que mantenía una participación en el capital social de FIVA de 84.000 euros y que se le habían otorgado préstamos participativos por Invercaria por 516.000 euros.

Además, asegura que «con conocimiento de la situación económica de FIVA» en el consejo rector se alcanzó un acuerdo por unanimidad que suponía incrementar hasta los 916.000 euros las actuaciones e inversiones de Invercaria en FIVA.

Por ello, el escrito concluye con la súplica al juzgado que admita el escrito y llame a declarar en calidad de imputados a los participantes de ese consejo rector y al secretario, en calidad de testigo.