Los conservadores podrán nombrar a toda la cúpula de los tribunales

La reforma de la ley del Poder Judicial que aprobó la primavera pasada Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto al alcance de la mayoría de diez vocales conservadores con que contará el nuevo consejo los nombramientos que en el próximo lustro renovarán la mayor parte de la cúpula de los tribunales españoles y definirán su sesgo ideológico.

El cambio legal rebajó los votos necesarios para designar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de tribunales superiores de justicia de tres quintos, esto es 13 vocales, lo que obligaba a un pacto con la minoría del pleno para poder hacer la designación, a una mayoría simple.

De esta forma, los jueces y juristas propuestos por el PP, que tendrán además en muchas ocasiones el apoyo del futuro presidente del organismo, cuyo nombre decidirá Mariano Rajoy, cuentan con votos suficientes para decidir quién ocupará las 17 presidencias de los máximos tribunales autonómicos, sustituirá a la treintena larga de miembros del Supremo que dejarán su puesto en este lustro, designará al presidente de la Audiencia Nacional y sus salas y secciones, o quién estará al frente de las 52 audiencias provinciales y sus tribunales. Se trata de todas las instancias de la Justicia española, donde se ventilan los grandes casos y recursos, donde se marca la jurisprudencia y la doctrina a seguir por el resto de jueces, donde se decide si se frenan o continúan las investigaciones, y donde acabará cualquier político implicado en tramas de corrupción gracias a su aforamiento.

Deberes

Esta realidad es la que lleva a Rosa Díez a asegurar que es imposible una Justicia independiente si los vocales del Poder Judicial se los reparten las mayorías parlamentarias. «¿Cómo vamos a acabar con la corrupción -se preguntó- si se empeñan en nombrar a los jueces que les tendrán que juzgar?».

El funcionamiento del nuevo Poder Judicial es una incógnita porque el ministro ha concentrado todo el poder en una comisión permanente de seis miembros. Estará formada por el presidente y cinco vocales que se supone que rotarán cada año o semestre y serán los únicos con salario y dedicación exclusiva. Entre las tareas de los vocales, además de los nombramientos, los ascensos, la inspección y la sanción disciplinaria en la carrera judicial, está informar de los anteproyectos de ley del Gobierno que afecten a la Justicia o a derechos fundamentales.

Pronto deberán valorar tres normas polémicas que ultima el Ejecutivo: la restricción de los supuestos del aborto legal, las limitaciones a los derechos de reunión y manifestación de la ley de Seguridad Ciudadana, o la revolución en el proceso penal que supondrá la nueva ley de enjuiciamiento criminal.