El Gobierno embargará bienes a los miembros de ETA sin pasar por el juzgado

El Gobierno no se va a conformar con negar el subsidio de paro a los miembros de ETA que no se arrepientan de sus crímenes, sino que va a establecer «mecanismos más ágiles» para embargar bienes a los terroristas. El Ejecutivo pretende cobrar de esa manera la multimillonaria deuda de los etarras con el Estado por las indemnizaciones a las víctimas de sus atentados adelantadas por la Administración.

Soraya Sáenz de Santamaría explicó que esta fue la razón por la que el PP no secundó en el Congreso una moción de UPyD para exigir el arrepentimiento a los miembros de ETA, la petición explícita de perdón a las víctimas, el compromiso de pago de las indemnizaciones y la colaboración con la justicia para percibir subsidios y otras ayudas sociales una vez que queden en libertad. La vicepresidenta explicó que la iniciativa de la formación que lidera Rosa Díez era «genérica» y no entraba en los detalles concretos para recuperar el dinero adeudado. «Eso -indicó- no estaba en la moción de UPyD» y no figuraba porque es «un tema que donde se conoce y se sabe bien cuáles son los problemas es en la Administración del Estado».

La vicepresidenta subrayó tras la reunión del Consejo de Ministros que «tan importante como hacer las cosas», que es lo que hizo UPyD con su iniciativa, «es hacerlas bien», como pretende el Gobierno.

Nada más conocerse hace un mes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot Mariano Rajoy ordenó que se creara un equipo interministerial con expertos de Interior, Justicia y Empleo para estudiar medidas que contrarrestaran los efectos de la decisión de la corte para las víctimas. Uno de los primeros frutos de este trabajo es el mecanismo para agilizar el cobro de la deuda de los miembros de ETA con el Estado, que asciende, según fuentes gubernamentales, a varias decenas de millones de euros en concepto de adelanto de las indemnizaciones a las víctimas. Solo en el caso de Inés del Río la etarra adeudaba 250.000 euros, de los que la Administración ha recuperado 30.000 mediante la confiscación de la multa impuesta a España por Estrasburgo por los años de más que pasó la etarra en prisión en aplicación de la doctrina Parot.

Cobrar directamente

La número dos y portavoz del Ejecutivo señaló que el Estado quiere dotarse de «instrumentos ágiles y eficaces» para «cobrar o embargar directamente» a los terroristas sin necesidad de pasar por un tedioso proceso judicial que incluye la investigación de la situación patrimonial del demandado, la solicitud del embargo, que es lo que ocurre ahora y que muchas veces se queda en nada. El mecanismo será la actuación directa de la Agencia Tributaria, que cobra las deudas sin necesidad de que intervenga un juez. Este organismo recaudador, apuntó Sáenz de Santamaría, estará «muy pendiente» de si los miembros de ETA «reciben una herencia o si compran bienes», y en esos casos «cobraríamos de ahí».

La vicepresidenta precisó que este procedimiento no va a entrar en vigor de inmediato porque va a llevar tiempo «blindar» en términos legales el procedimiento y pulir los aspectos jurídicos más controvertidos de la futura norma para que «salga legal y constitucionalmente de la manera más clara y más segura» a fin de que no pueda ser recurrida ante los tribunales.

Las prevenciones gubernamentales responden a las observaciones planteadas por los grupos de la oposición en el Congreso, pero también por expertos y juristas independientes, sobre la legalidad de imponer nuevos requisitos a los miembros de ETA que ya han cumplido su condena para acceder al subsidio de desempleo y otras ayudas sociales para los que no consigan un trabajo o carezcan de medios para subsistir. Cuestionan que sea legal y constitucional la retroactividad del nuevo requisito y la vulneración de la igualdad que implica porque a otros reclusos que también han satisfecho su pena no se exige el mismo condicionante.