Subdelegación estudia sanciones por la protesta

La manifestación pacífica que protagonizaron ayer los trabajadores del astillero de Puerto Real puede acaba en sanción, ya que la marcha no estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno. La plantilla salió de la factoría en dirección al ayuntamiento de la localidad provocando un gran atasco de tráfico en el nudo del Río San Pedro. La manifestación recorrió el centro de Puerto Real, con el apoyo de su alcaldesa, Maribel Peinado, del PA. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, lamentó ayer el «perjuicio» ocasionado a los ciudadanos por la nueva protesta protagonizada por los trabajadores del astillero, señalando que se está analizando la situación por si fuese necesario levantar actas de la infracción administrativa a los convocantes.

De Torre insistió en que las manifestaciones y concentraciones hay que hacerlas «como marca la ley». Además, apuntó que avisaron a los manifestantes para que utilizasen una vía alternativa para no colapsar la salida de la Bahía y «hicieron caso omiso».

En cuanto a los daños causados en el puente Carranza durante la protesta del lunes, explicó que todavía no se han culminado los trabajos de reparación del carril reversible y, por tanto, aún no hay una cuantificación económica. Explicó que ha habido que solicitar material, principalmente para reposición de cableado, y no se conoce la fecha de finalización de la reparación.

Por otra parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, reiteró ayer el compromiso del Gobierno de la nación con Navantia y aseguró que la decisión de los gaseros «aún sigue abierta» y «se sigue trabajando en ella».