Navantia necesitará en 2014 capital público para garantizar su salvación

El presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, está en la cuerda floja. Su gestión al frente de los astilleros públicos desde abril de 2012 no ha servido para sacar del bache a una empresa que naufraga. El tiempo se agota.

Navantia ha presentado ofertas de construcción naval en una veintena de países durante los dos últimos años, pero ninguna de ellas ha fructificado. Todo está en el aire y a la espera de que se resuelvan los concursos internacionales. La renovación de la flota de Catar, la intención de Brasil por mejorar sus buques, la propuesta de Turquía por comprar un portaaviones y la iniciativa de Australia de encargar dos BAC son posibles contratos que, de momento, no están firmados. Navantia necesita con urgencia un acuerdo que la saque del pozo y, por ahora, el de los cuatro gaseros de Gas Natural ha volado a los astilleros asiáticos, aunque el Gobierno insiste en que hay margen de maniobra para que Navantia se lleve el gato al agua. Este es el escenario en el que se mueve Revuelta.

Una dura hoja de ruta

La presentación el próximo 4 de diciembre del plan estratégico 2014-2018 puede ser la última partida que juegue Revuelta al frente de la constructora naval y pase el testigo a otro ejecutivo, encargado de pilotar la nueva etapa de la empresa. La dirección de Navantia ha elaborado una ambiciosa hoja de ruta para garantizar la viabilidad de la compañía y sacarla del pozo en el que está sumida tras siete años sin firmar un contrato y perdiendo competitividad frente a otros mercados.

Este periódico ha podido saber que el texto aludido promueve un cambio radical en la gestión y en su sistema de producción. Ninguno de los dos «son viables» en estos momentos, como ya adelantó LA VOZ el pasado julio, tras publicar el estudio de fiscalización de la empresa realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el período 2007-2010. Es decir, no se pueden duplicar esfuerzos y menos aún subcontratar trabajos que puede desempeñar la propia plantilla. Ambas actuaciones conllevan a un aumento de los costes. Pese a todo, la compañía no está en condiciones en estos momentos de garantizar al cien por cien ni el empleo ni el mantenimiento de los seis astilleros, aunque ésta sea una de las premisas que recoge el plan con letras mayúsculas. En este punto, cabe recordar las dos comparecencias del presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, principal accionista de los astilleros, que dibujó tanto en marzo como en octubre pasado un panorama crítico para Navantia si no lograba sellar un acuerdo de construcción naval. Los contratos no llegan y las pérdidas ahogan a la compañía. De este forma, Ramón Aguirre anunció la posibilidad de ir a financiación externa, es decir, una inyección de capital público para mantener a flote la empresa hasta consolidar su plan estratégico, y una reestructuración patrimonial o lo que es lo mismo: alquiler o venta de factorías.

Pérdidas millonarias

El plan estratégico que se presentará el 4 de diciembre tampoco alude a estos dos supuestos, pero todo a punta a que será necesaria la aportación económica de un tercero para mantener con vida los astilleros. En cuanto al cierre de plantas nadie se atreve a abrir la boca, sin embargo, los números cantan. Navantia arrastra un agujero contable de 300 millones de euros, mientras que las pérdidas en el ejercicio de 2012 fueron de 78 millones de euros, el doble de 2011, y se espera que el 2013 cierre con un déficit de 100 millones de euros.

¿Hacia dónde va entonces la estrategia de la empresa? A la reducción de costes productivos y a romper con un modelo de trabajo que se ha quedado obsoleto para competir. En este capítulo, los directivos de Navantia han echado mano de las recomendaciones que hizo el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los años 2007 a 2010. Este estudio fue un duro tirón de orejas para los gestores que durante esos años estaban al frente de los astilleros. Se trata de los años de mayor efervescencia naval de la década. Sólo en Cádiz se construyeron 14 buques, pero el Tribunal de Cuentas llamó la atención por su alto coste productivo. Es decir, el ente fiscalizador recoge en su estudio que al mismo tiempo que crecían los contratos se disparaban los costes de su mano de obra lo que evidenciaba una plantilla cara y sobredimensionada. En este sentido, el Tribunal de Cuentas se pregunta por qué Navantia no tomó medidas entonces para reestructurar la compañía y prepararla para la época de las vacas flacas. Ahora la situación es más complicada y será más difícil encauzar su futuro. Por tanto, no se descartan ajustes salariales. Está claro que la compañía no es viable con 5.500 trabajadores, incluidas sus oficinas centrales, y seis astilleros, de los que cinco (3 en la Bahía de Cádiz y 2 en Ferrol-Fene) se dedican al mismo trabajo: construcción y reparación. El sexto, Cartagena, está especializado en la construcción de submarinos.

Ante este escenario, Navantia plantea en su plan estratégico mantener empleos, plantas y salarios, pero la realidad apunta hacia otro lado, ya que para salvar la empresa será necesario tomar medidas drásticas en 2014 y Revuelta, tras dos años de gestión, no parece que sea el hombre que pilote el cambio.