Maduro estrena sus plenos poderes

Con la publicación de la Ley Habilitante en la Gaceta oficial de Venezuela, Nicolás Maduro cuenta desde ayer con plenos poderes para gobernar por decreto durante un año. El presidente agradeció a los legisladores chavistas por aprobarle la norma que pidió el 8 de octubre para luchar contra la corrupción y la «guerra económica» sin contar con el Congreso. Advirtió que «lo que han visto es poco para lo que vamos a hacer para defender a este pueblo y sus derechos». La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que la votación fue «un fraude» y que con la ley se buscarán chivos expiatorios por los problemas económicos del país y se incrementará la persecución política.

Esas declaraciones no hacen mella en el mandatario. Maduro adelantó que estaba planificando «una ofensiva estremecedora contra la corrupción a partir de enero del año 2014 con la Ley Habilitante». La advertencia la hizo después de firmar el 'Ejecútese' en el documento que le presentó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento venezolano, Diosdado Cabello.

La ceremonia para el acto oficial de entrega del documento en Miraflores, sede del Gobierno, prevista para el mediodía, se retrasó varias horas porque las discusiones en el parlamento fueron encendidas durante esta segunda revisión de la Ley especial. La votaron 99 legisladores chavistas frente a 66 opositores, consiguiendo el número mínimo de votos que requería este tipo de aprobación gracias al sustituto de una diputada tránsfuga desaforada.

Cabello se mostró muy satisfecho de haber cumplido con «el gran compromiso que tenemos con (Hugo) Chávez». En declaraciones a la televisión oficial dijo que sacar adelante la ley «fue una orden el comandante Hugo Chávez, quien el 22 de febrero del año pasado nos dijo: 'hagan lo que tengan que hacer para aprobar las leyes que le darán duro a los que se roban el dinero del pueblo'».

Si en Venezuela un decreto es de «rango, valor y fuerza de Ley» de carácter «orgánico», y no está calificado como tal por la Constitución, debe enviarse antes de su publicación en la Gaceta Oficial a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que lo evalúe y se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La Ley de Costos, Ganancias y Precios es la primera que aprobará Maduro por vía habilitante, y será la primera que deberá pasar antes por el TSJ. «Le voy a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, una vez que saquemos la ley, le voy a dar a la ley carácter orgánico para que sea una ley organizadora, que establezca el marco del funcionamiento de la nueva economía», explicó. Maduro además volvió enfrentarse con Venacham, Consecomercio y Fedecámaras, instituciones a las que relacionó con los nombres que «próximamente» dará a conocer de las personas que «están saboteando la economía». Venezuela vive inmersa en una espiral inflacionista que acumula el 54,3% en los últimos doce meses y una escasez de productos alimenticios que el gobierno dice paliará con importaciones.

Chivos espiatorios

La opositora MUD afirma que «la verdadera intención de la solicitud de una ley habilitante ha sido la de hacer creer que el gobierno de Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales, al buscar nuevamente chivos expiatorios a los cuales culpabilizar de los errores del gobierno», denunció uno de sus portavoces.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Hermann Escarrá especificó que la Ley Habilitante busca la «protección de los pobres y frágiles en el orden social». El especialista apuntó que la nueva normativa regulará «el régimen cambiario, la reforma de la administración pública nacional y también va a haber una ley que tiene que ver con las faltas y delitos».

Por otra parte, la campaña de fiscalización del gobierno contra establecimientos que aplican sobreprecios se cobró una nueva víctima: la estadounidense General Motors fue multada con más de 60.000 de euros por «usura» al imponer sobreprecios en los coches y repuestos de entre el 200% y el 400%.

«Hemos encontrado márgenes que deben ser catalogados de usura», afirmó el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, tras encabezar una inspección en una ensambladora de GM ubicada en el estado de Valencia. Desde el 8 de noviembre el gobierno inspecciona tiendas de electrodomésticos, ordenadores, ferreterías, zapatos y ropa. Las rebajas de hasta el 90% en los precios provocan enormes en las calles.