Rajoy defiende que la Ley de Seguridad Ciudadana garantiza las libertades

El presidente del Gobierno defendió a fondo el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que a lo largo de los últimos dos días ha sido tachado por la oposición y colectivos judiciales y sociales con términos como antidemocrático, anticonstitucional, fascista o autoritario. Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Mariano Rajoy aseguró ayer que la norma tiene como objetivo «garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos». En ningún caso, agregó, es una «ley mordaza», como la han bautizado el PSOE e Izquierda Plural.

No obstante, Rajoy insistió en que se trata de un anteproyecto que aún debe pasar el filtro del examen del propio Gobierno, los órganos consultivos y el Parlamento. Cuando llegue a la sede parlamentaria todo el mundo podrá aportar sus argumentos, destacó. Según el borrador del Gobierno, actos como las concentraciones ante instituciones del Estado, la grabación de imágenes de policías que puedan poner en peligro su seguridad o la perturbación de actos públicos serán castigados con multas que irán desde los 30.000 a los 600.000 euros.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abundó en la misma línea que el presidente. «No se trata de sancionar más, sino de hacerlo mejor y de dar mayor seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como es de la seguridad ciudadana», justificó. El responsable de seguridad lamentó los ataques que se han lanzado contra el anteproyecto cuando el texto aún no ha llegado siquiera al Consejo de Ministros y vaticinó que una vez culmine la tramitación parlamentaria los que ahora lo censuran «se darán cuenta de que a todas estas cosas que están diciendo se les podrá aplicar aquello de que cualquier parecido con la realidad es una coincidencia».

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, reconoció que aún no conoce el contenido del borrador aunque defendió que, lejos de recortar libertades, lo que el Gobierno persigue es sacar adelante una la ley que represente una «concepción moderna de protección de la convivencia y los derechos fundamentales».

«Silenciar a los parados»

Los argumentos del Gobierno no sirvieron ayer para aplacar el malestar de la oposición ante un anteproyecto rechazado por unanimidad. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al Ejecutivo de elaborar esta ley con el único objetivo de silenciar a los parados. «Los quiere -dijo el líder de la oposición- calladitos, amordazados, no vaya a ser que le recuerden sus promesa incumplidas». Rubalacaba subrayó además que el anteproyecto contempla «multas disparatadas» cuyo único objetivo es el de recortar la libertad de expresión y de manifestación.

El diputado de la Izquierda Plural y excoordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares tachó la propuesta del Ministerio del Interior de «claramente anticonstitucional». En esta línea vaticinó que la ley, en caso de ser aprobada, acabará no solo recurrida ante el Tribunal Constitucional sino que llegará también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Llamazares denunció que la propuesta del Ejecutivo «convierte al adversario en poco menos que un delincuente». Otro exlíder de IU, Julio Anguita, fue aún más allá en sus críticas. «La reforma es la antesala del fascismo y del horror», dijo, para añadir que «el que unos ciudadanos no puedan grabar o fotografiar con sus cámaras lo que hace la Policía nos sitúa en un régimen totalmente policiaco».

La censura al anteproyecto de ley se extendió ayer a los ámbitos judiciales. Las palabras más contundentes contra el texto las pronunció la magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo del Poder Judicial, Margarita Robles, quien señaló que el anteproyecto «rezuma un espíritu autoritario de destrucción de unos derechos ciudadanos que tanto ha costado consolidar en democracia».