El Gobierno exigirá a los etarras que se arrepientan para cobrar subsidio de paro

El Gobierno ultima la fórmula legal que permita impedir que los etarras que salen de la cárcel puedan beneficiarse del subsidio de desempleo y de otras ayudas públicas si antes no han condenado a su organización, han pedido perdón a sus víctimas y han aceptado pagar las indemnizaciones por sus crímenes.

Técnicos de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo trabajan desde hace tres semanas para diseñar los instrumentos legales que permitan cumplir los requerimientos contenidos en una moción que hoy aprobará el pleno del Congreso con los únicos votos de Unión Progreso y Democracia, el grupo proponente, del PP y del diputado de Unión del Pueblo Navarro. El resto de la cámara, desde el PSOE hasta el Grupo Mixto, rechazarán la iniciativa por estar convencidos de que son medidas inconstitucionales.

La moción pactada por Rosa Díez con los populares, que según fuentes parlamentarias marca los objetivos que inspiran los trabajos del Ejecutivo, pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para vetar el acceso a los expresos de ETA que no han hecho público su arrepentimiento al denominado «subsidio de excarcelación». Se trata de una ayuda creada en 1994 y que puede percibir cualquier recluso que salga en libertad después de más de seis meses entre rejas y que no tenga derecho a una prestación de paro ni cuente con unos ingresos mensuales que equivalgan al 75% del salario mínimo interprofesional.

El texto demanda al Gobierno cambios legales que endurezcan los requisitos para que los etarras en libertad puedan cobrar este subsidio, entre los que creen que deberían estar «la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de los delitos, la colaboración con la Justicia, y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil». Unas exigencias similares a las que el Código Penal establece para que puedan acceder a beneficios penitenciarios o la libertad condicional.

Ambos partidos piden endurecer de igual manera, con requisitos similares u «homologables», el acceso al subsidio del resto de grandes delincuentes -asesinos y violadores múltiples en su mayoría- que están saliendo de forma masiva de la cárcel junto a los miembros de ETA como consecuencia de la derogación por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la doctrina Parot. También instan al Ejecutivo a que introduzca las reformas legales para que la exigencia de estos requisitos sea indispensable para que los terroristas o grandes delincuentes se beneficien de cualquier otra ayuda o subvención públicas o de un trabajo en cualquiera de los niveles de la Administración.

Retroactividad

El Ejecutivo no ha desvelado cuáles serán las medidas con las que pretende lograr estos objetivos, aunque parece que uno de los mecanismos sería la incautación de los subsidios para satisfacer las indemnizaciones. Tampoco ha aclarado si según qué cambios se podrán o no aplicar a los reclusos que ya hubiesen salido de la cárcel con anterioridad a su aprobación. La oposición advierte de que si lo hace será ilegal, por retroactiva, e incurrirá en el mismo error que ha denunciado Estrasburgo con la doctrina Parot.

PSOE, IU, CiU, PNV y el Grupo Mixto anticiparon que darán un no rotundo a la moción. Los grupos opositores coincidieron básicamente en todas sus críticas a la iniciativa. Consideran que se trata de un reforma legal inconstitucional que solo persigue una utilización política y con fines electoralistas del dolor que embarga a la víctimas por la excarcelación de decenas de etarras tras el fin de la doctrina Parot y que busca minimizar su indignación con el fallo de Estrasburgo.

Todos los portavoces defendieron que los excarcelados son personas que han liquidado sus condenas y que por lo tanto gozan de todos los derechos que les otorgan las leyes y la Constitución como cualquier otro ciudadano, sin que se les puedan cercenar. De igual manera, los grupos opositores indicaron que la moción busca diseñar una política penitenciaria basada no en la ley sino en la venganza, que infringe el mandato constitucional de procurar la reinserción social de los presos.