Aznar pide cárcel para Mas si convoca un referéndum ilegal
La Generalitat de Cataluña califica la propuesta del expresidente como propia de otro régimen
BARCELONA. Actualizado: GuardarEl expresidente del Gobierno José María Aznar enturbió ayer un poco más si cabe las maltrechas relaciones entre Cataluña y el resto de España. Aznar, que en los últimos tiempos trata de marcar a Rajoy la línea a seguir en relación a la cuestión catalana, reclamó la restauración del delito de convocatoria ilegal de consultas populares que aprobó durante su mandato y que castigaba con penas de cinco años de prisión a quien planteara un referéndum ilegal.
El Gobierno de Aznar introdujo esta modificación en el Código Penal en 2003 para tratar de frenar los planes soberanistas del exlehendakari Juan José Ibarretxe, pero en 2005 el artículo fue derogado, según el ahora presidente de honor del PP, por «el ministro» José Luis Rodríguez Zapatero. «Poner cotos a los que quieren desbordar la legalidad, romper el país, es muy importante, y ahora se demuestra que algunos teníamos alguna razón», afirmó Aznar en Onda Cero.
Sus palabras cayeron como una bomba en Cataluña, donde las fuerzas catalanistas montan en cólera cada vez que alguien amenaza, por ejemplo, con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la supresión de la autonomía. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, reclamó al Gobierno que repruebe a Aznar porque sus declaraciones son más propias de otra época y de otro régimen, una idea que también compartieron desde Esquerra Republicana. Homs instó al exlíder del PP a «mentalizarse» de que estamos en un país democrático, y que «encarcelar a alguien por votar es contrario a la democracia».
En las filas populares evitaron desautorizar al exlíder, pero se desmarcaron de sus planteamientos. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, señaló que Rajoy ya cuenta con los mecanismos para impedir una consulta ilegal, sin necesidad de encarcelar a a nadie. Hace un año, el Gobierno rechazó una petición de UPyD para restaurar el delito de convocatoria ilegal de referendos.