La Audiencia excarcela a dos etarras arrepentidos, al exjefe de un comando y a un grapo

Dos etarras arrepentidos, el exjefe de un comando militar de finales de los ochenta y histórico grapo de aquella época, todos ellos con delitos de sangre, salieron ayer de sus respectivas prisiones en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la denominada 'doctrina Parot' por considerar que alargó de forma arbitraria el cumplimiento de sus condenas.

Así lo decidieron dos secciones (tribunales) de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desde este martes abrieron la puerta a la excarcelación automática de todos aquellos presos afectados por la 'vía Parot' sin pasar por el Pleno de la Sala, como había ocurrido con los 29 terroristas, 27 etarras y dos grapo, que han sido liberados en las dos últimos semanas.

En esta ocasión, los cuatro beneficiados por la sentencia de Estrasburgo son los etarras Luis María Lizarralde e Iñaki Recarte, ambos de la denominada 'vía Nanclares', es decir, que habían iniciado el programa de Instituciones Penitenciarias para los arrepentidos, y el 'duro' Juan Carlos Arruti Azpitarte, 'Paterra'; además del grapo vigués Jaime Simón Quintela.

Los dos reos de la 'vía Nanclares' ya habían pisado la calle desde hace tres años por la concesión de permisos o en régimen de semilibertad, ya que el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia, José Luis Castro, consideró que habían dado los pasos para desvincularse de la banda y habían mostrado su arrepentimiento.

Curioso es el caso de Luis María Lizarralde Izaguirre, preso desde 1994 por dos asesinados y otro frustrado y que tenía previsto salir en 2022 con la 'doctrina Parot'. «Todo esto me está suponiendo un desgaste personal, algunos compañeros me hacen el vacío aquí como en el pueblo», declaró ante el juez, según un auto de 2011 en el que se le concedían 18 días de permiso.

El otro arrepentido excarcelado ayer es Ignacio Recarte Ibarra, que llevaba en prisión más de 20 años por un atentado con coche bomba que mató a tres vecinos de Santander en febrero de 1992.

El tercer etarra es el 'duro' Juan Carlos Arruti Azpitarte, 'Paterra', exjefe del comando 'Araba' con un historial sangriento que incluía 14 atentados y diez asesinatos, y por los que fue condenado a la friolera de 1.200 años. Sus fechorías terminaron con su detención en un peaje de Vizcaya en 1989. Desde entonces está preso.

El cuarto en discordia es el grapo Jaime Simón Quintela, que abandonó a primera hora de la tarde la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real), donde no le esperaba nadie. Quintela fue detenido en 1985 y condenado a 163 años (aunque el límite de cumplimiento eran 30 con el Cógido Penal de entonces) por el asesinato del promotor inmobiliario Manuel Ángel de la Quintana en Madrid. Su comportamiento en la cárcel, lejos de ser ejemplar, se caracterizó por huelgas de hambre y acciones políticas para reclamar su libertad y la reducción de su condena. Sin ir más lejos, en enero de 1990 tuvo que ser hospitalizado por la gravedad de su estado.

Históricos sanguinarios

Está previsto que hoy abandonen la prisión, tal y como reclamó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, otros seis etarras y tres grapos. En el primer grupo están históricos como Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic (Barcelona) en 1991 en el que murieron diez personas, cinco de ellas niños, y Jesús María Zabarte, conocido como 'el carnicero de Mondragón' y en cuyo amplia lista de asesinatos figura el del niño José María Piris.

También están Javier María Goldaraz -condenado por el secuestro del industrial Adolfo Villoslada-; Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga -condenado a 315 años por la muerte de tres militares- y José Ignacio Etxeverria Pascual. Los otros tres grapo pendientes son Guillermo Vázquez Bautista -condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles-, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, señaló ayer en el Congreso que no hay más remedio que acatar «por muy doloroso que sea» la sentencia de Estrasburgo y anunció que en el caso de violadores y asesinos beneficiados pedirá a la policía una vigilancia preventiva dentro de la ley.