El PP acepta solo sus propias enmiendas a la reforma eléctrica

La Comisión de Industria del Congreso dio ayer luz verde al proyecto de ley del Sector Eléctrico, que sólo ha incorporado las 57 enmiendas presentadas por el Partido Popular. Las del resto de grupos parlamentarios no han sido incluidas en el texto que ahora se remitirá al Senado. Entre ellas estaba la prohibición de que las compañías eléctricas pudieran cortar la luz por impago a las familias con menos recursos. El Partido Popular votó en contra de las cinco enmiendas parciales que en este sentido habían presentado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC.

Antonio Erías, portavoz de Energía de los populares, defendió que es un error considerar que la denominada 'pobreza energética' «es el mal que invade el país», y que el motivo por el que miles de familias con dificultades económicas no puedan permitirse poner la calefacción en invierno «es el comportamiento de los precios de la energía», que en los últimos años han experimentado un notable ascenso. «Seamos responsables y veamos por qué se está produciendo este tipo de situación», exhortó Erías.

Fuentes del sector eléctrico mostraron su disconformidad con los planteamientos de los grupos parlamentarios de la oposición, con el argumento de que ya existe una herramienta a disposición de los colectivos más vulnerables: el bono social, creado por el Gobierno socialista el 1 de julio de 2009, y que ofrece una tarifa eléctrica más barata a pensionistas, familias numerosas y hogares con todos sus miembros en paro.

«Esenciales»

La reforma eléctrica del PP sí que contempla la imposibilidad de interrumpir el suministro eléctrico «a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales» por la ley. Entre ellos se encuentran el alumbrado público a cargo de las administraciones públicas, las sedes de juzgados y tribunales, hospitales, o los centros sanitarios en los que existan «quirófanos, salas de curas y aparatos de alimentación eléctrica acoplables a los pacientes». IU-ICV pretendía que «los casos de necesidad vital de suministro eléctrico al hogar» se contemplaran también como servicios esenciales.

Pese a no recoger ninguna propuesta de la oposición, Erías ofreció al resto de grupos «seguir dialogando para mejorar entre todos el texto» de la reforma en su tramitación en el Senado. Por eso, abre la puerta a la presentación de textos de «todos» a través de «transacciones conjuntas».

La oposición, por su parte, ha puesto el acento en aspectos como el autoconsumo, que será gravado con un 'peaje de respaldo' «injustificado y discriminatorio que impondrá barreras que dificultarán las inversiones», en palabras del socialista José Segura. A su juicio, medidas como ésta solo sirven para «sacrificar la eficiencia económica en el medio y el largo plazo». En opinión de Izquierda Plural, la reforma «mantiene un modelo y un mix energético absolutamente obsoleto», mientras que UPyD la considera «una nueva ley de partido».