Justicia revoca la restitución de los moscosos a sus funcionarios

La restitución de los días de libre disposición, los moscosos, a los funcionarios de Justicia que el ministerio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón había aprobado ayer, duró apenas unas horas. Antes de acabar el día, y tras una llamada del Ministerio de Hacienda, Justicia revocó su instrucción por la que los funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en aquellas comunidades donde no se han transferido las competencias, recuperaban a partir de hoy tres días de libre disposición.

La decisión, tomada de forma unilateral por el departamento de Gallardón, creaba un conflicto de discriminación con el resto de los funcionarios. Por eso, Hacienda hizo rectificar a Justicia y, ahora, sus funcionarios, recuperarán los moscosos cuando se decida para toda la Administración General.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció hace pocas semanas en el Congreso de los Diputados que los funcionarios recuperarían los moscosos «en cuanto la recuperación económica lo permita». Con el decreto de recortes de julio de 2012, el Gobierno los redujo de seis a tres días, eliminó los canosos y suprimió temporalmente la paga extra de diciembre de ese año. En el caso de los funcionarios de Justicia el recorte de moscosos fue aún mayor, pues disfrutaban de nueve días libres en lugar de los seis que había en la Administración General del Estado.

La instrucción aprobada por el Ministerio de Justicia, luego revocada, señalaba que los moscosos que se iban a recuperar no serían acumulables a las vacaciones, se podrían disfrutar a conveniencia de los interesados a lo largo del año natural y su concesión estaría supeditada a las necesidades de servicio.

En total, los funcionarios beneficiados por la instrucción eran aproximadamente 30.000, distribuidos por Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares, Ceuta y Melilla y en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Instituto Nacional de Toxicología. La Comunidad Valenciana, que sí tiene transferidas las competencias, se había comprometido a esta restitución.

El acuerdo se producía en compensación por el déficit de personal y la insuficiente convocatoria de oferta pública de empleo. CSIF lo valoró en un inicio como « un primer paso en la recuperación de los derechos perdidos, sin duda insuficiente». CSIF reclamó al Gobierno que convoque a la Mesa General de las Administraciones Publicas para iniciar el proceso de recuperación paulatina de los derechos laborales.

UGT y CC OO señalaron que esta concesión se realizaba a cambio de una mayor carga de trabajo, ya que ante una baja de un funcionario, el ministerio establece un plazo de tres meses para poner en su lugar a un empleado interino. «El Gobierno pretende ahorrar cuatro millones de euros por no cubrir las bajas por enfermedad en tres meses y deteriorando aún más el Servicio de la Administración de Justicia», advirtió CC OO.