Nadie paga por el 'Prestige'

La mayor catástrofe medioambiental en la historia de España no fue responsabilidad de nadie o, al menos, este extremo no ha podido ser demostrado con la ley en la mano. Así lo considera la Audiencia Provincial de La Coruña en la sentencia hecha pública ayer sobre el hundimiento del 'Prestige', que causó en 2002 el vertido de 63.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas.

El tribunal resuelve que «no se puede saber con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del 'Prestige'». Estas son las dos premisas en las que se basan los tres magistrados del caso para absolver del delito contra el medio ambiente a los tres únicos acusados de la tragedia, el capitán del barco, Apostolos Mangouras; el jefe de maquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante y único cargo político imputado, José Luis López Sors. La sentencia solo encuentra culpable de un delito menor al primero de ellos, al interpretar que Mangouras cometió una desobediencia grave al negarse a dirigir el barco mar adentro, tal y como le solicitaron las autoridades españolas. Por ello ha sido condenado a nueves meses de prisión, lo que, en ningún caso, le llevará a ingresar en la cárcel.

La absolución de los tres acusados trae aparejada la exención de responsabilidades civiles. Es decir, del pago de los 4.238 millones que había solicitado la Fiscalía en concepto de indemnización por los efectos de la marea negra. Esta cantidad debería sufragar los gastos ocasionados por un vertido que, según los informes presentados durante el juicio, impregnó de chapapote 2.980 kilómetros del litoral entre la desembocadura del Miño y el canal de la Mancha, contaminó 1.137 playas, afectó a todos los ecosistemas marinos de la zona y causó la muerte a entre 115.000 y 230.000 aves. Al no haber culpables, el único dinero a repartir entre los afectados serán los 22 millones aportados por la aseguradora del barco, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance.

Para el Estado español la sentencia presenta una vertiente positiva y otra negativa. Por un lado no recibirá los 938 millones de euros que había solicitado en concepto de los gastos ocasionados. Por el otro, no deberá hacer frente a una indemnización multimillonaria como responsable subsidiario al no haber sido condenado López Sors, entonces cargo del Gobierno y a la postre considerado responsable de la orden de alejar el 'Prestige' de las costas, lo que, según las acusaciones particulares, agravó la catástrofe medioambiental.

La polémica decisión de llevar el buque mar adentro tomada por el Gobierno, entonces dirigido por José María Aznar, ocupa buena parte de la sentencia. Al contrario que las acusaciones particulares, que defienden que la opción correcta hubiera sido resguardar el barco en un puerto seguro, el tribunal estima que «nunca nadie ha sido capaz de decir, ni siquiera ahora, cuál sería la decisión correcta de repetirse un caso similar». En concreto, sobre la responsabilidad de López Sors, la sentencia señala que «quien adopta una decisión técnica en una situación de emergencia, debidamente asesorado, dentro de lo posible, no puede ser incriminado como una persona imprudente, aun cuando el resultado de esa decisión no sea el esperado o se demuestre después su desacierto, cual no es el caso». Por último, como aval a lo que entonces determinó el Gobierno se valora que «simplemente, ante una situación de emergencia, tras el asesoramiento técnico más riguroso y capaz, se tomó una decisión discutible pero parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente». Respecto a las absoluciones por delito ecológico de Mangouras y Argyropoulos, el tribunal resalta que durante el proceso no ha quedado demostrado que quisieran hundir el buque ni conocieran las deficiencias estructurales de la nave - que sí se dan por probadas- y se limita a apuntar que emprendieron una navegación arriesgada que por otra parte no puede ser equiparada con un delito de imprudencia. La sentencia, incluso, alaba la actitud de los dos marineros durante el naufragio al destacar cómo permanecieron de forma voluntaria a bordo del barco cuando este se estaba yendo a pique y se había ordenado la evacuación de toda la tripulación.

Permisos en regla

Aunque los magistrados no ahorran críticas al pésimo estado del barco y a los precarios sistemas de control y revisión de buques del sistema de navegación internacional, sí constatan que el 'Prestige' contaba con toda su documentación y permisos en regla. En cualquier caso añaden que compañías como Repsol o BP no permiten el uso de barcos similares para sus transportes de petróleo, dada la falta de garantías de seguridad que ofrecen.

Nada más conocerse la sentencia varias de las acusaciones particulares personadas en el proceso se apresuraron a anunciar su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo. Será así el alto tribunal el que decida si alguien paga por la catástrofe del 'Prestige'.