Ayala responde a Verdier que no mueve ficha sin la confirmación de los técnicos

La delegada municipal de Urbanismo, Marisol Ayala, mostró ayer su «perplejidad» ante las acusaciones de la socialista Cándida Verdier, quien, según la concejala del PVRE, la ha acusado de «prevaricar» al afirmar que «mí intención es meter el agua en mi casa sin pasar por taquilla». Por eso, arremetió contra el PSOE al considerar que en sus 30 años de Gobierno «se han gastado un dinero, beneficiando a unos y a otros por amiguismo», mientras que bajo su dirección en Urbanismo «no se hace nada así, no firmo nada sin confirmar por los técnicos».

También quiso aclarar que en la pregunta enviada a la Junta de Andalucía sobre la aplicación del Decreto 2/2012 del 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, se hizo para «las edificaciones emplazadas en suelos urbanos no consolidados Áreas Suburbanizadas, reconocidos en las Normas Sustantivas», como consta en el propio documento. Es decir, a modo general, aunque reconoció que en los argumentos de la consulta se hizo hincapié en la Rana Verde «a modo de presión porque ellos invirtieron 18 millones de euros en la infraestructura de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y pluviales, que les interesa justificarlos». Asimismo refirió que la problemática de esta zona «afecta a unas 3.000 viviendas con los tubos colocados ya a pie de parcela».

Aplicación y costes

Sobre este tema, Ayala hizo hincapié en que estos trabajos se llevaron a cabo durante la etapa socialista, «cuando yo ya vivía allí y no era concejala de Urbanismo». Por eso afirmó que «lo mío», como lo calificó Verdier, «siguen siendo todas las viviendas del extrarradio» y afirmó que si el PSOE chiclanero «estuviera en contacto» con sus compañeros de partido en la Junta, «dejarían de seguir mintiendo en este tema». Así, la concejala del Partido Vecinal Regionalista hizo hincapié en que no tiene intención de «desobedecer a la Junta de Andalucía, que conoce el problema que tenemos en Chiclana y no pone remedio porque no puede».

Y se refirió a que en la respuesta a la cuestión planteada por el Ayuntamiento, como ya adelantaba ayer este medio, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente concluye que el decreto no se podrá aplicar «hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística».

Además, en la cuestión de costes para la regularización, la delegada municipal de Urbanismo desmintió que su intención fuese conectar los servicios básicos a las zonas que tienen los tubos a pie de parcela «sin pasar por taquilla». Este aspecto se refleja en los argumentos de la Administración local al expresar que toda autorización de acometidas existentes, precisará que el Ayuntamiento «imponga, entre las condiciones del reconocimiento de la situación de asimilado al fuera de ordenación, el abono de los costes correspondientes».

A causa de no tener PGOU

Con todas estas explicaciones, Marisol Ayala quiso zanjar el tema de la polémica y recordó que tiene su origen en la actual ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana «que le tumbaron a los socialistas, igual que los últimos, con un coste de 48 millones de euros que no sabemos para qué». A ello sumó que durante los años de Gobierno del PSOE en Chiclana «se han construido más de 40.000 viviendas irregulares con el beneplácito de los socialistas».

Por todo ello, consideró que el «enfado» de la concejala socialista Cándida Verdier responde a que «no está en el Equipo municipal» y consideró que con sus declaraciones está «mintiendo a todo un pueblo». La delegada de Urbanismo además opinó que todo este debate se ha generado a causa de una «falta de comunicación» entre el Partido Socialista de Chiclana y el de la Junta de Andalucía, en concreto el que está al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.