Las puertas giratorias nunca se paran

El enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y la gran banca por la elección de José María Roldán como próximo presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) ha vuelto a poner en evidencia la situación de puertas giratorias que se repite entre los altos cargos de la Administración y sectores como el bancario o el eléctrico.

En la patronal bancaria, los actuales cargos proceden del Banco de España, como lo hará Roldán si finalmente asume la presidencia en abril. Miguel Martín, actual presidente de la AEB, fue subgobernador entre 1992 y 2000 y llegó a la patronal bancaria en 2006, tras varios años en el departamento de auditoría interna del supervisor sin ocupar puestos de relevancia. Al secretario de la AEB, Pedro Pablo Villasante, le sucedió lo mismo que a José María Roldán. Desempeñó el cargo de director general de Supervisión del Banco de España desde 2000 hasta 2006, año en el que fue nombrado secretario de la patronal tras los seis meses preceptivos desde el cese.

Pérez, el detonante

Sin embargo, el caso que levantó auténticas chispas fue el de José Pérez, director general de Inspección del Banco de España desde 1992 hasta 1995, en que fichó por el BBV. Este movimiento tan polémico llevó al instituto emisor a establecer un periodo de seis meses desde el cese, sin poder incorporarse a una entidad financiera. El resto de los bancos, entre ellos el Santander, protestó porque el responsable de la inspección del Banco de España, con información privilegiada de todos ellos, se fuese a un competidor y consideraban que seis meses no era un periodo suficiente. Otro caso es el de José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España desde 2002 hasta 2011. Ese año fichó por La Caixa para ocupar un cargo en Caixaholding, que agrupa las participaciones industriales de la entidad, tras la cuarentena obligada de seis meses.

La puerta giratoria se da en todos los sectores. Atendiendo sólo a las asociaciones o lobbys empresariales, encontramos que la actual presidenta de Unespa, la patronal del seguro, fue anteriormente directora general de seguros; o que David Taguas, director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo después en Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Como contraste, su antecesor y exministro de Industria, Miguel Sebastián, volvió a su plaza de profesor universitario.

El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, o la presidenta de la Sareb, Belén Romana, también han ido del sector público al privado y han vuelto al público. Que un director general, un secretario de Estado o un ministro pase al sector privado sobre el que ha actuado no está prohibido legalmente siempre que se respete el periodo de incompatibilidad regulado. Un plazo que es de dos años desde el cese para los altos cargos de la Administración del Estado (de directores generales en adelante) durante los cuales no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Este periodo es de sólo seis meses para los directores generales del Banco de España, el puesto que ocupaba Roldán hasta septiembre.

La banca recalca que no hay incompatibilidad alguna en que Roldán ocupe la presidencia en abril porque el Estatuto de Autonomía del Banco de España sólo habla de trabajar en entidades de crédito, mercados de valores o instituciones financieras privadas, pero no de asociaciones empresariales y, en todo caso, ya habrán transcurrido seis meses desde el cese si finalmente asume la presidencia en abril.

Por lo pronto, el ministro de Economía ha anunciado que se reformará la ley para que se aplique también un plazo de dos años de incompatibilidades a los directores generales del Banco de España.

Por otra parte, quienes defienden las puertas giratorias señalan que es la única forma de que en la administración haya buenos profesionales; ya que si se les cercenan las posibilidades de trabajar en el sector privado en el área que dominan será mucho más difícil que quieran estar en el sector público durante un tiempo, aseguran.

Pero hay situaciones donde la actuación de los cargos públicos que pasan al sector privado levanta sospechas y llega a los tribunales. Es el caso de Juan José Güemes y Manuel Lamela, ambos ex consejeros de Sanidad en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, que han sido imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación por el juzgado de instrucción número 4 de Madrid en el proceso de privatización de la sanidad madrileña.